El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras volvió a poner en el centro al DNU 70/2023, el megadecreto con el que Javier Milei empezó su gestión. La oposición busca convocar a una sesión especial en Diputados para anularlo, y La Libertad Avanza analiza una salida para dejarlo a salvo.
Desde el martes, con la derogación de la ley, no hay límites para que extranjeros compren tierras rurales en la Argentina. La norma fijaba un tope general del 15% para la propiedad extranjera de la tierra rural, con límites equivalentes en provincias y municipios, entre otras restricciones.
Qué dijo la Corte
Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la ley. Esa medida había sido impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata.
El tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto. Consideró que el Cecim no tenía legitimación para presentar la demanda, porque la soberanía nacional no es un “bien colectivo”, sino un elemento propio del Estado. Con esa decisión, recuperó vigencia el artículo 157 del DNU 70, que deroga la Ley de Tierras.
Antes del fallo, el Gobierno había intentado modificar la ley dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Hace dos meses, ese capítulo generó rechazo social y de gobernadores aliados, y el oficialismo lo retiró.
La estrategia de la oposición
Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda empezaron a buscar consensos para anular el decreto. Lo confirmó el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, después de reunirse con integrantes del Cecim. La diputada Myriam Bregman aseguró que “faltan 10 firmas” para pedir la sesión.
El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024, pero para que caiga también tiene que rechazarlo Diputados. Hasta ahora no hubo mayoría por dos motivos: la falta de apoyo de gobernadores dialoguistas y el formato del decreto, que modificó y derogó cientos de normas, desde la Ley de Alquileres hasta la regulación de las prepagas. La ley que regula los DNU obliga al Congreso a aprobarlos o rechazarlos completos, sin poder votar por partes.
Un riesgo en el recinto
En la oposición se habla del 14 o 15 de octubre como posibles fechas, e incluso de unir el reclamo con el del presupuesto universitario. Pero ir al recinto sin los votos asegurados tiene un riesgo: si el oficialismo logra ratificar el decreto, este queda firme.
La definición depende de los gobernadores, que hasta ahora se mantuvieron al margen, como el cordobés Martín Llaryora.
El plan del oficialismo
Según La Voz, el bloque libertario analiza agregar restricciones “mínimas” a la compra de tierras para conformar a los gobernadores y evitar que tengan que rechazar todo el DNU. Esas restricciones podrían ir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya aprobó el Senado, o en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto que Milei envió por la causa Malvinas.
Tensión en comisiones
Justamente, el proyecto de Malvinas empezó a debatirse este miércoles en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de Diputados. Hubo momentos de mucha tensión. “¡Tienen a la Corte comprada!“, le gritó Juan Grabois a los oficialistas, en un cruce con el diputado libertario Jairo Guzmán. La kirchnerista Agustina Propato mostró una bandera del Cecim La Plata.
La voz de los excombatientes
Los excombatientes criticaron el fallo y llamaron a movilizarse, como ocurrió en 2017 contra el fallo del “2×1”. “No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo“, dijo el excombatiente Gustavo Pirich.
El responsable jurídico del Cecim, Gerónimo Guerrero Iraola, sostuvo que con este fallo “se ha puesto un cartel de venta a la República Argentina” y que el DNU es “el puntapié inicial de un plan sistemático de entrega de la soberanía“.
