El 1,9% de inflación de julio, que acelera la suba de precios, trae consigo algunas contradicciones. Mientras el bolsillo de la gente lo percibe a diario, Milei y Caputo se muestran conformes con los números y el debate se encrudece.
El 1,9% de inflación de julio, que acelera la suba de precios, trae consigo algunas contradicciones. Mientras el bolsillo de la gente lo percibe a diario, Milei y Caputo se muestran conformes con los números y el debate se encrudece.
La reciente publicación del dato de inflación de julio ha generado un nuevo pulso en la economía argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) fue del 1,9% mensual, un dato que marca una aceleración respecto al 1,6% de junio. Este incremento eleva la suba de precios acumulada en los primeros siete meses del año al 17,3%, mientras que en los últimos doce meses alcanzó el 36,6%.
Sin embargo, el dato oficial ha sido puesto bajo la lupa por otros centros de estudios. Mientras el INDEC reporta un 17,9% acumulado en lo que va del año, el Instituto de Estadística y Censos de CABA (Idecba) informó que en la capital el índice de julio fue del 2,5%. Este valor duplica casi el promedio nacional y muestra una suba acumulada del 18,1% en los primeros siete meses y un alarmante 40,9% interanual. La brecha entre los números oficiales y los de la Ciudad de Buenos Aires alimenta la polémica sobre si el INDEC está subestimando el costo de vida real.
El aumento de precios en CABA se concentró en rubros específicos, como Restaurantes y hoteles (+5,3%) y Transporte (+3,6%), lo que evidencia un impacto directo en el poder adquisitivo de los salarios. En este punto, el Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CDD) registraron un aumento del 2% para julio, lo que refuerza la idea de que la inflación oficial podría ser más alta de lo que se percibe.
Con este panorama, la estrategia del gobierno se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, debe controlar la inflación para evitar que el ajuste de precios se descontrole. Por otro, debe mantener la calma en el mercado cambiario y evitar una nueva presión sobre el dólar oficial, uno de los objetivos principales de la gestión. La situación, por lo tanto, plantea una encrucijada para quienes buscan una estabilidad económica que, por ahora, se muestra esquiva.
AySA propuso un reordenamiento tarifario antes de su privatización: aumentará las facturas a dos millones de usuarios y las bajará a otros 684.000. Los fondos extra se destinarán a reforzar la tarifa social mediante nuevos coeficientes zonales.
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