La Cámara de Diputados se transformó en el escenario de un revés para el Gobierno. Tras rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de un proyecto que busca aumentar los haberes jubilatorios.
Esta maniobra parlamentaria, que pone en jaque la política de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo, fue posible gracias a la deserción de cinco diputados del oficialismo, quienes se ausentaron de la votación. Esta fisura interna se suma a las tensiones visibles en otros bloques, como el radicalismo, donde una parte de la bancada votó a favor del tratamiento del proyecto.
La ley en cuestión propone un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, además de elevar el bono mensual de la mínima a $110.000. Sin embargo, su financiamiento genera controversia: la Oficina de Presupuesto del Congreso estima un costo fiscal anualizado de 0,78 puntos del PBI, cifra que los críticos señalan como insostenible. Mientras la oposición argumenta que el mayor poder adquisitivo dinamizará la economía, la discusión se centra en la viabilidad de la propuesta.
Este debate crucial no solo enfrenta a dos visiones económicas, sino que también expone las grietas en el mapa político del país. La respuesta del Congreso definirá el futuro de millones de jubilados y las próximas acciones del gobierno nacional.
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