Con una votación ajustada, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Poder Ejecutivo. El veto presidencial a la ley de aumento de jubilaciones y moratoria quedó firme, consolidando el ajuste fiscal y postergando cualquier recomposición de haberes.
En una sesión tensa, la Cámara de Diputados se quedó a solo dos votos de los 171 necesarios para anular el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original, mientras que el oficialismo y sus aliados obtuvieron 83 rechazos.
El factor determinante fueron las seis abstenciones, que aumentaron el umbral de la mayoría agravada, favoreciendo la postura del Ejecutivo. Se denunció que estas abstenciones respondían a presiones sobre los gobernadores, cuyos legisladores habrían cambiado de voto.
La ley frustrada proponía un incremento del 7,2% en los haberes y un bono mínimo de $110.000, además de establecer una actualización por IPC y compensaciones para las cajas previsionales provinciales. El Gobierno argumentó que la medida era inviable, estimando un costo fiscal de 1,65% del PBI, cifra que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había proyectado en 0,78%.
El fracaso de este intento se da tras una derrota previa del oficialismo en el veto a la ley de emergencia en discapacidad, lo que pone de manifiesto la volátil dinámica legislativa.
El resultado de esta votación consolida el rumbo de ajuste fiscal del Gobierno, que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas por encima de la recomposición de los ingresos de los jubilados.
En un contexto de deterioro constante del poder de compra, la posibilidad de los pensionados y jubilados sigue deteriorándose, mientras el debate político se centra en las cifras y la pugna entre poderes.
Florentino Pérez lo había anunciado una vez ganadas las elecciones como presidente del club
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