El Congreso oficializó el rechazo definitivo a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y cuatro decretos delegados firmados por Javier Milei, que incluían cambios en la marina mercante, reestructuraciones públicas y límites al derecho a huelga, tras votación mayoritaria en ambas cámaras.
Este lunes se oficializó el rechazo del Congreso a cinco decretos emitidos por el presidente Javier Milei, confirmando el revés legislativo al estilo de gobernar
“a decretazo limpio” que impulsó el oficialismo.
Las resoluciones, firmadas por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado, fueron publicadas en el Boletín Oficial y reflejan la postura consensuada de ambas cámaras frente a medidas tomadas bajo las facultades delegadas al Ejecutivo, que vencieron el 8 de julio.
Entre los decretos anulados se encuentra el DNU 340/2025, que establecía un nuevo régimen de excepción para la Marina Mercante Nacional, declarando el transporte marítimo como servicio esencial y limitando el derecho a huelga de los trabajadores involucrados.
También quedaron sin efecto los decretos que intentaban fusionar el Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y transformar el Instituto Nacional del Teatro, dependiente ahora de la Secretaría de Cultura.
Otra medida derogada fue la disolución y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos como el INTA, INTI, INV e INPI, considerados estratégicos e históricos para el país.
Asimismo, el Congreso anuló la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), decisiones que habían generado controversias y fuertes cuestionamientos.
La publicación y oficialización de estas resoluciones generan un claro mensaje sobre la necesidad del diálogo y consenso en las decisiones de gestión pública, humillando la intención inicial de la administración Milei de gobernar de manera acelerada y unilateral a través de decretos.
Este hecho es un nuevo capítulo en la relación de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en Argentina, en un contexto donde las disputas institucionales condicionan fuertemente la agenda política y las posibilidades de implementación de reformas.
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