fentanilo: Exfuncionaria admite que laboratorio no podía fabricar medicamentos seguros

Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos, reconoció en su declaración ante la Justicia que el Laboratorio Ramallo, fabricante del lote contaminado, no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación y debía suspender su producción.

Fentanilo contaminado. Foto: web.
Ampollas de fentanilo. Foto: web.

La investigación judicial sobre el tráfico y distribución del lote contaminado de fentanilo, vinculado a al menos 96 muertes en Argentina, sigue profundizándose con declaraciones impactantes y allanamientos a funcionarios sanitarios.

Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fue citada como testigo y admitió que a partir de noviembre de 2024 el Laboratorio Ramallo SA estaba impedido de producir medicamentos debido al incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Sin embargo, pese a esta prohibición, el laboratorio continuó elaborando y comercializando productos, entre ellos el fentanilo mortal contaminado.

Las inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024 detectaron “no conformidades” graves, como mala esterilización, documentación incompleta y faltantes en la trazabilidad de las ampollas. El informe da cuenta de una “ineficiente tarea de control” tanto de INAME como de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), lo que comprometió la seguridad sanitaria de la población.

Mantecón reconoció que la suspensión de producción debería haberse aplicado desde fines de noviembre de 2024, pero recién fue formalizada en febrero de 2025, demasiado tarde para evitar que productos contaminados llegaran a hospitales y clínicas.

El escándalo ha provocado la detención de empresarios y funcionarios, así como la orden judicial de múltiples allanamientos para secuestrar evidencia digital y documental relacionada con la fabricación y distribución del fentanilo HLB contaminado.

El Ministerio Público Fiscal advirtió sobre las graves consecuencias de la negligencia estatal y el daño a la confianza pública, que sobrepasan el daño sanitario. Actualmente, peritos judiciales analizan pruebas para determinar responsabilidades penales.

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