La exconcursante de Gran Hermano exige judicialmente el cese de las acusaciones públicas de la panelista, tras meses de enfrentamientos y declaraciones cruzadas que afectan su imagen y su entorno familiar.
La exconcursante de Gran Hermano exige judicialmente el cese de las acusaciones públicas de la panelista, tras meses de enfrentamientos y declaraciones cruzadas que afectan su imagen y su entorno familiar.
Romina Uhrig, conocida por su participación en Gran Hermano y exdiputada, emprendió una demanda por calumnias e injurias contra Yanina Latorre, panelista de televisión. La medida surge tras repetidas expresiones públicas de Latorre que, según Uhrig, han dañado su reputación y afectado su vida laboral y familiar.
La controversia se intensificó luego de que Yanina Latorre calificara a Uhrig como “dipuchorra” vinculándola con causas judiciales en las que también aparece su ex pareja, Walter Festa. La exconcursante sostiene la presunción de inocencia y niega las acusaciones, resaltando el impacto negativo de tales comentarios en su entorno, especialmente en su hija menor, quien ha tenido que escuchar esas afirmaciones frente a la exposición pública.
Yanina Latorre no ha evitado expresar su postura. En diversos programas, ha cuestionado la trayectoria y comportamiento de Uhrig, en ocasiones de forma directa y contundente. Latorre afirma que su crítica se basa en hechos judiciales y en la gestión pública de Uhrig, además de resaltar que su propia integridad y antecedentes financieros pueden ser verificados públicamente.
Por su parte, Romina Uhrig expresó que agotó otras vías para resolver el conflicto y decidió acudir a la justicia tras sentirse víctima de un odio persistente y ataques personales que considera injustos.
El caso pone de relieve el choque entre figuras públicas en un contexto donde la exposición mediática y las opiniones en programas de entretenimiento pueden tener consecuencias legales y personales. También invita a reflexionar sobre los límites del derecho a la libertad de expresión frente al respeto al honor y la imagen de las personas.
La situación sigue en desarrollo, con ambas partes expresando en medios sus argumentos, mientras la justicia evaluará la demanda presentada.
El jefe de Gabinete expuso ante Diputados con Milei, Karina, Caputo y Pettovello en los palcos. Un diputado llevó pochoclos, Bregman increpó al Presidente y el peronismo eligió el silencio. Adorni evitó hablar de las denuncias sobre su patrimonio.
Con un incremento promedio del 5,4%, el transporte en el AMBA vuelve a actualizarse. El boleto mínimo en Ciudad costará $753, mientras que en Provincia superará los $918. El subte también sube y los peajes en horarios pico llegarán a los $6.121.
El CEO de Tesla testificó ante la justicia federal y lanzó duras críticas contra la alianza con Microsoft. Aseguró que la transición lucrativa de la empresa “saquea” los cimientos de la caridad en Estados Unidos.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni brinda este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. La exposición se da en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio. Milei llegó al Congreso en señal de respaldo.
El delantero paraguayo pidió perdón tras su expulsión ante Cruzeiro. La roja de Ostojich condicionó el partido y cortó el invicto de Boca en Brasil.
Chantal “Tati” Leclercq fue la primera en entrar al departamento de Alejandro Zalazar. Las cámaras la filmaron manipulando el celular del médico y retirándose con una desconocida que cargaba una tablet. Ahora, la Justicia la imputa por el robo de drogas en el Hospital Rivadavia.
Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
Con la consigna de “no despedir”, el Palacio de Hacienda aplicará una poda del 2% en gastos corrientes y del 20% en capital. El desplome de la recaudación y las leyes universitarias y de discapacidad fuerzan al Gobierno a endurecer el torniquete fiscal.
