El Juzgado Federal rechazó una demanda que pretendía limitar el acceso al misoprostol, medicamento esencial para la interrupción legal del embarazo. La ANMAT autorizó su comercialización desde 2018 y en 2023 autorizó también la mifepristona para tratamientos combinados.
El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Kormick, confirmó la vigencia de la venta de misoprostol en farmacias bajo receta archivada.
La resolución desestimó un pedido presentado por las organizaciones Portal de Belén y PRODECI, que desde 2018 buscaban frenar la comercialización autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Asimismo, el juez rechazó la solicitud de anulación del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, un instrumento elaborado luego del fallo histórico “F., A. L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, que ratificó los derechos reproductivos en casos de violación y riesgo para la salud.
Las demandas de las organizaciones cuestionaban que la venta del misoprostol y la aplicación del protocolo facilitaban abortos sin denuncia penal previa, situación permitida y regulada por normativa vigente desde 2012.
La sentencia enfatiza que oponerse a la venta de misoprostol bajo estos argumentos carece de sustento jurídico y que el Poder Judicial no puede pronunciarse sobre reclamos perdidos en actualidad tras la sanción de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE), promulgada en enero de 2021.
Desde 2018, la ANMAT autorizó la comercialización de misoprostol en farmacias en presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos, bajo receta archivada, como parte de un marco regulatorio que regula su uso en centros de salud y tratamientos ambulatorios conforme a indicaciones médicas.
En 2023, también se aprobó la venta de mifepristona, medicamento que en combinación con el misoprostol es el procedimiento más efectivo para la interrupción legal del embarazo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La ley 27.610 garantiza el derecho de mujeres y personas gestantes a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 inclusive de manera gratuita y segura, y establece condiciones para abortos posteriores en casos de violación o riesgo para la vida o salud. La OMS considera el misoprostol un medicamento esencial para garantizar atención segura y efectiva, tanto hospitalaria como ambulatoria.
El fallo judicial sostiene que restringir la venta del misoprostol atentaría contra un derecho reconocido y reglamentado en Argentina. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participaron en la defensa del acceso seguro a abortos legales.
El respaldo judicial refuerza la política sanitaria pública que ha logrado disminuir la mortalidad materna vinculada a abortos inseguros, aunque persisten desafíos relativos a la accesibilidad geográfica y social del medicamento.
Previas suspensiones temporales de la venta en farmacias, impulsadas por grupos provida, evidencian la persistencia de controversias en la esfera pública y judicial, pero la tendencia actual apunta hacia la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos.
El reciente fallo judicial marca un respaldo institucional para la continuidad de la venta del misoprostol en farmacias, consolidando un avance en el acceso a interrupciones legales del embarazo. Sin embargo, el debate ético y social que rodea este tema mantiene abiertas interrogantes sobre su efectiva implementación y equidad en distintas regiones del país.
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