El próximo jueves, el Senado sesionará para insistir en la aprobación de las leyes declaradas de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pese a los vetos presidenciales. Las normas, con amplio respaldo opositor, buscan preservar fondos clave para el Hospital Garrahan y las universidades públicas.
La sesión, convocada para las 10 de la mañana del jueves 2 de octubre, será fundamental para definir si las leyes vetadas finalmente entran en vigor. La Cámara de Diputados ya había expresado un amplio rechazo a los vetos presidenciales en semanas recientes, con 181 votos a favor y 60 en contra para la ley de emergencia pediátrica, y 174 votos a favor y 62 en contra para la ley de financiamiento universitario, además de algunas abstenciones.
En el Senado, la mayoría opositora ha mostrado respaldo significativo: la emergencia en pediatría fue aprobada con 60 votos a favor y 8 en contra, y la ley de financiamiento universitario logró 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. La sesión del jueves se espera que confirme esta tendencia.
La ley de emergencia pediátrica declara la emergencia sanitaria en hospitales y residencias médicas por dos años. Establece la priorización de recursos para insumos, infraestructura y personal esencial, además de una recomposición salarial para quienes atienden a la población pediátrica, incluyendo residentes nacionales en salud. Es un marco legal para sostener el Hospital Garrahan, un centro de referencia en salud infantil.
Por su parte, la ley de financiamiento universitario busca garantizar la actualización automática y continua del presupuesto destinado a universidades nacionales, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria.
Los fondos se ajustarían al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además, promueve la reapertura de paritarias y la creación de un fondo especial de 10.000 millones de pesos para incentivar el ingreso a carreras estratégicas.
Estos puntos han generado un amplio respaldo tanto en el espectro opositor como entre docentes, gremios, estudiantes y organizaciones sociales. Ante la proximidad de la sesión, se han anunciado movilizaciones en distintas ciudades, con una vigilia principal convocada en la Plaza del Congreso.
En particular, docentes de la Universidad de Buenos Aires preparan un plan de lucha que incluye paro activo, clases públicas y cortes de calles previos a la sesión.
Estas leyes han sido vetadas por el presidente Javier Milei, quien alegó preocupaciones presupuestarias y la necesidad de ordenar las finanzas públicas.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria argumenta que la derogación afectaría derechos esenciales en salud y educación pública. La sesión y su resultado representarán un desafío para el gobierno, especialmente en un contexto de tensión política y próxima elección legislativa.
La sesión del jueves será un punto de inflexión para el futuro de estas iniciativas clave en políticas públicas para sectores sensibles como la salud pediátrica y la educación superior.
Queda por verse cómo se desarrollarán los debates finales, las posibles negociaciones y qué impacto tendrán estas decisiones en la gestión presupuestaria y política del país.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
