El gremio ATILRA solicitó la quiebra con continuidad productiva de SanCor ante la Justicia de Rafaela. El sindicato rechazó el plan de crisis de la cooperativa, alegando que es inviable y busca sostener los puestos de trabajo bajo control judicial.
El gremio ATILRA solicitó la quiebra con continuidad productiva de SanCor ante la Justicia de Rafaela. El sindicato rechazó el plan de crisis de la cooperativa, alegando que es inviable y busca sostener los puestos de trabajo bajo control judicial.
La situación de la cooperativa láctea SanCor se ha tornado crítica en el ámbito judicial. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) ha rechazado formalmente el plan de reestructuración presentado por la firma y ha solicitado al Juzgado de Rafaela la “quiebra con continuidad productiva”. Esta figura legal permitiría mantener las operaciones de la histórica compañía bajo control judicial, excluyendo a la actual conducción.
El proceso se dirime ante el juez Guillermo Adrián Valés, quien convocó a una audiencia clave en la que participaron las autoridades de la cooperativa, los representantes sindicales y diversos asesores legales.
La cúpula de SanCor había propuesto un plan de crisis que contempla una severa reducción de personal, que afectaría al 32,5% de sus empleados (pasando de 936 a 632 trabajadores). Además, la estrategia de la cooperativa se enfoca en la venta de activos no productivos y una reconversión del modelo de negocios orientada, principalmente, al procesamiento de leche para terceros (fasón). La firma argumentó que estas medidas eran esenciales para mitigar la crisis y recuperar la estabilidad operativa.
Sin embargo, el sindicato ha sido tajante en su oposición. ATILRA considera que la propuesta carece de “sustento económico y laboral”, señalando que la empresa misma reconoce que no tiene los recursos para cumplir con las obligaciones salariales. Según el gremio, SanCor acumula una deuda salarial significativa, adeudando el 70% de los haberes de mayo y la totalidad de los correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, además del medio aguinaldo.
El abogado de ATILRA, Alberto Coronel, argumentó que la “continuidad de la explotación” —prevista en la ley concursal— es el camino para “preservar las fuentes de trabajo” y evitar que las plantas sean desmanteladas y liquidadas por partes.
El planteo sindical ha recibido apoyo externo. El estudio jurídico Regali y Asociados, que representa a otros acreedores de la firma, se alineó con la postura del gremio y también solicitó que se evalúe una intervención judicial sobre la actual administración. El delegado Alejandro Cabrera reiteró que los trabajadores no son responsables de la crisis y que la solución debe pasar por un cambio de mando.
El juez Guillermo Adrián Valés deberá ahora sopesar los argumentos contrapuestos:
La Cooperativa: pide la continuidad bajo su actual plan de reestructuración, que ya incluyó la venta de marcas y plantas desde 2017.
El Gremio (ATILRA): solicita la quiebra con continuidad productiva para que la explotación se mantenga, pero bajo una administración provisoria designada por el tribunal.
La resolución del magistrado definirá el futuro inmediato de la cooperativa, un emblema del sector lácteo que hoy enfrenta su hora más decisiva.
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