Diputados celebra hoy una sesión clave donde la oposición buscará limitar el poder de Javier Milei con una reforma al régimen de DNU. La agenda incluye interpelaciones a funcionarios y el debate del presupuesto, en medio del escándalo de José Luis Espert.
La Cámara de Diputados se prepara para una tensa sesión especial, convocada por bloques de la oposición, que busca inhabilitar la gestión por decreto del presidente Javier Milei. La principal iniciativa en la agenda es la media sanción del Senado que exige modificar la Ley 26.122, con el objetivo de limitar drásticamente el margen de maniobra del Poder Ejecutivo, un golpe que podría forzar al gobierno a depender casi exclusivamente del veto presidencial.
La propuesta más inquietante para La Libertad Avanza (LLA) establece que si el Congreso no se expide sobre la validez de un DNU en un plazo de 90 días corridos, el decreto automáticamente caducaría. Además, la normativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para su sostenimiento, lo que implica que la oposición solo necesitaría una mayoría simple en una de ellas para invalidar cualquier medida. De convertirse en ley, el gobierno de minoría no podría eludir el debate parlamentario para llevar adelante su plan de ajuste.
El oficialismo intentó desactivar la crisis política generada por el escándalo de aportes irregulares del empresario Fred Machado al forzar la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y a la Comisión de Presupuesto. El objetivo era socavar el quórum de la sesión especial y mitigar la controversia. Sin embargo, la movida no frenó los proyectos que buscan expulsar a Espert de la Cámara por “inhabilidad moral”.
A pesar de la existencia de tres proyectos de destitución presentados por figuras como Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes, existe disidencia interna en la oposición sobre si avanzar con esta medida. Diputados peronistas manifestaron que abrir el juego a la expulsión basada solo en denuncias sentaría un “mal precedente” para la estabilidad institucional. No obstante, al no estar en el temario, la moción de destitución requeriría una mayoría calificada de tres cuartos para ser tratada.
La sesión de la Cámara baja también se centrará en el control político del Gabinete. La oposición más dura impulsará la interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la decisión de promulgar la Ley de Discapacidad, pero dejando en suspenso su implementación por falta de financiamiento.
Los bloques opositores advirtieron que, si Francos no ofrece una respuesta concreta que incluya una reasignación de partidas para la ley, avanzarán con una moción de censura, un mecanismo constitucional (artículo 101) que permitiría la remoción del jefe de ministros. Considerando que Francos es el principal articulador del gobierno con los gobernadores y aliados, su censura representaría un golpe devastador para la estructura política de la administración Milei.
El temario de control se extiende a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes se les solicitarán informes verbales por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Finalmente, la oposición buscará presionar en la discusión presupuestaria mediante un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto. La meta es fijar una fecha límite para el debate del Plan de Ingresos y Gastos 2026, buscando evitar que el gobierno prorrogue, por tercer año consecutivo, el Presupuesto de 2023.
La agenda legislativa incluye la modificación del reparto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un cambio crucial que representaría una inyección de recursos para las arcas provinciales. Esta jugada se interpreta como un elemento de presión de la oposición para garantizar que los gobernadores movilicen a sus legisladores y ayuden a consolidar el quórum en la crucial sesión.
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