La Universidad de Buenos Aires denunció que el Poder Ejecutivo suspendió la ejecución de la Ley 27.795, que garantiza financiamiento y recomposición salarial para el sistema universitario, e iniciará medidas legales para revertir esta situación.
La Universidad de Buenos Aires denunció que el Poder Ejecutivo suspendió la ejecución de la Ley 27.795, que garantiza financiamiento y recomposición salarial para el sistema universitario, e iniciará medidas legales para revertir esta situación.
En una sesión unánime , el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional por la suspensión de la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Aunque la ley fue sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, su efectividad está paralizada hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La UBA argumenta que esta suspensión altera el sistema republicano de frenos y contrapesos de la Constitución Nacional y vulnera derechos constitucionales, afectando gravemente al sistema universitario público y a sus trabajadores docentes y no docentes. La universidad ya había declarado la emergencia salarial y presupuestaria debido a la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales.
El Consejo Superior advirtió que la no aplicación de la ley profundiza una crisis que afecta tanto el funcionamiento de las universidades como la estabilidad salarial de su personal. Por esta razón, instruyó al rector a exigir la inmediata y efectiva puesta en marcha de la norma, notificando a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes.
La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar la protección y sostenimiento financiero de la educación universitaria pública, incluyendo un esquema progresivo de inversión que busca fortalecer el acceso, la permanencia y el egreso estudiantil, la infraestructura, las becas estratégicas, y la internacionalización académica, así como recomponer salarios conforme a la inflación.
El Gobierno promulgó la ley junto con otra que declara una emergencia sanitaria pediátrica, pero ambas quedaron suspendidas hasta que el Congreso resuelva el financiamiento. La UBA ratifica la necesidad urgente de asignar los recursos para cumplir con sus obligaciones constitucionales y proteger la universidad pública.
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