Se inició en La Plata el juicio político contra la jueza Julieta Makintach, acusada de graves irregularidades durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, entre ellas la autorización para grabar un documental sin permiso y la búsqueda de beneficios económicos personales.
Este jueves comenzó el juicio político contra la jueza Julieta Makintach, quien está suspendida de su cargo y enfrenta una serie de denuncias por irregularidades cometidas durante el histórico juicio por la muerte de Diego Maradona. La acusación más fuerte está vinculada con la grabación no autorizada del documental “Justicia Divina”, que Makintach habría promovido con la promesa de obtener beneficios económicos directos e indirectos.
La fiscal general Analía Duarte y otros fiscales del Departamento Judicial de San Isidro presentaron cargos como cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y peculado de servicios. Para reforzar su posición, sostuvieron que la magistrada actuó concertadamente con miembros de la productora audiovisual, el guionista y una amiga de la jueza, que fueron imputados también en la causa penal paralela.
El inicio del jury se realizó en una sala de la Cámara de Senadores de La Plata, con la presidencia de la Suprema Corte provincial a cargo de la jueza Hilda Kogan. El tribunal evaluador está integrado por cinco legisladores y cinco abogados juzgadores por sorteo. Según el cronograma, el proceso se extenderá a lo largo de cinco audiencias aproximadamente, con una lista de 69 testigos, entre ellos familiares de Maradona, periodistas y colegas magistrados.
Las acusaciones apuntan no solo a la irregularidad ética y legal de la filmación, sino también a la revictimización de familiares y amigos de Maradona, quienes debieron soportar la exposición pública bajo las condiciones dictadas por Makintach. La fiscal definió las actuaciones de la jueza como parte de un “guion de miniserie”, y solicitó su destitución inmediata.
Makintach, por su parte, niega las acusaciones, atribuyéndolas a una persecución y señalando que las pruebas contra ella no se sostienen. La defensa asistirá con varios abogados especializados en la materia y buscará cuestionar la validez y motivación política del proceso.
El desenlace del jury será clave no solo para el futuro profesional de la jueza, sino también para la imagen del Poder Judicial en uno de los casos más complejos y mediáticos del país reciente.
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