Una manifestación violenta tras denuncias por abuso sexual sobre dos niñas de 7 años derivó en el incendio de la vivienda del menor acusado. La policía intervino para contener el conflicto y la justicia investiga el caso.
Una manifestación violenta tras denuncias por abuso sexual sobre dos niñas de 7 años derivó en el incendio de la vivienda del menor acusado. La policía intervino para contener el conflicto y la justicia investiga el caso.
El pasado martes, un caso que conmueve y genera controversia se desarrolló en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata. Un niño de diez años fue acusado de manosear a dos niñas de siete en la escuela N° 21, incidente que derivó en una manifestación pública con episodios violentos.
Los padres de una de las alumnas denunciaron que el menor habría tomado por la fuerza a las niñas durante el recreo y realizado tocaciones por encima de la ropa.
Según fuentes judiciales, debido a la edad del acusado —no punible por ley— el caso pasó a manos del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que lleva adelante la fiscal Mariana Baqueiro.
La noticia generó un fuerte malestar entre madres y padres, que se congregaron frente a la escuela para exigir respuestas. Varios manifestantes bloquearon la avenida Colón y la calle 212, mientras otros atacaron la vivienda del menor, ubicada en Roca y Wilde, incendiándola parcialmente.
La policía intervino para garantizar la seguridad de los alumnos y evitar desmanes mayores, incluyendo un posible linchamiento. Fuentes oficiales expresaron asombro ante la magnitud de la reacción, dada la edad del presunto agresor y la complejidad de atribuir responsabilidad penal a menores en estos casos.
En medio del conflicto, la madre del niño acusó a la comunidad de arruinarle la vida y afirmó no defender a su hijo, pero destacó que no existen pruebas que confirmen el abuso.
Este hecho deja en evidencia las tensiones sociales que pueden surgir ante denuncias de abuso infantil, y plantea preguntas sobre la respuesta comunitaria, la protección de los derechos de los niños y el adecuado tratamiento judicial de estos casos.
Mientras avanza la investigación, persiste la necesidad de equilibrar la demanda de justicia con la garantía de un proceso justo y medidas de protección para todas las partes involucradas.
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