El gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto de reforma tributaria que busca simplificar el sistema, reducir impuestos y devolver autonomía a las provincias, pero enfrenta la duda sobre la intensidad de los cambios para no afectar la recaudación.
El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, avanza en la preparación de una reforma impositiva de amplio alcance que pretende reordenar el sistema tributario, simplificando la estructura para dejar solo seis impuestos nacionales. Esta simplificación buscará facilitar el cumplimiento fiscal y dar mayor claridad a las empresas sobre sus costos.
Uno de los ejes esenciales del borrador es dividir la recaudación del IVA entre la Nación y las provincias, devolviendo a estas últimas autonomía impositiva que, según Milei, “nunca debieron haber perdido”. Este cambio permitiría a cada provincia fijar su propio porcentaje de IVA, generando una competencia fiscal entre ellas que promueva inversiones. Sin embargo, la complejidad de esta medida radica en las eventuales pérdidas de recaudación para algunas jurisdicciones, y aún se debate cómo compensarlas adecuadamente.
Además, el proyecto contempla la posible eliminación del impuesto al cheque, vigente desde 2001, y que impacta también a la recaudación provincial a través de impuestos sobre la actividad comercial. Esta medida beneficiaría a empresarios y comerciantes, pero conlleva el riesgo de una caída significativa en los ingresos fiscales nacionales.
El equipo económico se encuentra dividido entre quienes quieren acelerar el ritmo de los cambios con una reforma más profunda en esta etapa, y quienes prefieren un enfoque más cauteloso para no comprometer la recaudación y el equilibrio fiscal. En este debate también se analiza la actualización de las escalas y deducciones del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, buscando reducir la carga tributaria personal.
En definitiva, la reforma impositiva se presenta como uno de los grandes desafíos del gobierno, con negociaciones abiertas con provincias y actores políticos para lograr un consenso que permita implementar un sistema más eficiente y equitativo sin afectar la estabilidad económica.
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