La exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro fue destituida por unanimidad del jurado de enjuiciamiento tras comprobarse incumplimientos en su función durante el juicio anulado sobre la muerte de Diego Maradona. Ahora enfrenta un proceso penal y un pedido de detención solicitado por las hijas de Diego.
El jury de enjuiciamiento decidió por unanimidad separar a Julieta Makintach de su cargo y declararla inhábil para ejercer funciones judiciales de por vida. Esta sanción deriva de su participación en el documental “Justicia Divina“, que mostraba imágenes del juicio por la muerte de Maradona, celebrado bajo su responsabilidad y declarado posteriormente nulo.
Las acusaciones contra Makintach incluyen incumplimiento de deberes, parcialidad, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Según la fiscal general Analía Duarte, la jueza manipuló recursos estatales y omitió su deber de imparcialidad, generando un grave daño a la confianza en el Poder Judicial.
Tras la pérdida de sus fueros, la exmagistrada será investigada penalmente por estos hechos en la Fiscalía Nº 1 de San Isidro. La defensa argumentó que las decisiones relacionadas con el documental fueron colegiadas y negó las acusaciones, pero la Justicia no aceptó estos planteos.
Dalma y Gianinna Maradona, hijas del fallecido, pidieron formalmente la detención de Makintach, intensificando la presión pública y judicial sobre la exjueza. El juicio por la muerte de Maradona será reiniciado en marzo de 2026, tras la anulación del proceso anterior.
El caso Makintach ha provocado un debate sobre la ética judicial y el rol de los jueces en casos mediáticos. Su destitución y el proceso en curso reflejan las consecuencias cuando la imparcialidad y la austeridad institucional se ven comprometidas.
Este episodio espera abrir una reflexión sobre los límites éticos y profesionales en la función judicial, especialmente en causas que movilizan la opinión pública y la atención mediática. Permanecerán vigentes las interrogantes sobre garantías procesales y control de la transparencia pública en estos procesos.
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