El ministro de Economía volvió a desmentir una versión publicada por el influyente The Wall Street Journal que atribuía la caída del crédito a la negativa de los bancos.
El ministro de Economía volvió a desmentir una versión publicada por el influyente The Wall Street Journal que atribuía la caída del crédito a la negativa de los bancos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales este fin de semana para responder a las versiones mediáticas sobre el supuesto “archivo” de un prometido préstamo de US$ 20.000 millones de bancos estadounidenses.
El funcionario aseguró que la suspensión del crédito fue una decisión voluntaria del Gobierno argentino, motivada por la favorable reacción de los mercados tras las elecciones.
Caputo salió al cruce de la versión publicada por The Wall Street Journal y otros medios, que indicaban que el plan se había frustrado debido a la negativa de los bancos privados a otorgar las garantías necesarias.
El ministro explicó que el monto estaba originalmente destinado a una “operación de manejo de pasivos” que se consideraba en caso de ser necesaria, contando con el apoyo de Estados Unidos (a través de Scott Bessent).
“Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”, escribió Caputo en su cuenta de X.
Con esta explicación, el Ministerio de Economía busca transformar la noticia de la caída del plan en una señal de autoconfianza y solidez financiera en un momento crucial para el calendario cambiario.
El plan original, según el artículo del medio estadounidense, contemplaba dos pilares para apuntalar al partido de Milei: un swap de divisas por US$ 20.000 millones con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y una línea de crédito bancaria independiente por el mismo monto.
The Wall Street Journal había destacado que el préstamo privado no se había concretado porque “los bancos esperaban orientación del Departamento del Tesoro” sobre qué garantías podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas. Ahora, según el diario, los banqueros ya no consideran seriamente ese esquema.
En lugar del megacrédito, las instituciones financieras estarían diseñando un mecanismo de financiación alternativo por unos US$ 5.000 millones a través de una operación de recompra o repo.
Este esquema implicaría que Argentina entregue una cartera de inversiones como garantía a cambio de dólares, con el objetivo inmediato de cubrir un pago de deuda de alrededor de US$ 4.000 millones previsto para enero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos climáticos “peligrosos” en más de medio país. El AMBA se encuentra bajo alerta amarilla, con ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de temperatura para las próximas horas.
La canasta básica de servicios para una familia tipo ya se ubica en $2.980.339 mensuales en marzo de 2026. El incremento en tarifas, transporte, salud y educación duplicó la inflación acumulada desde noviembre, asfixiando el presupuesto familiar.
La expresidenta declaró de forma presencial por la causa “Cuadernos” y lanzó duras críticas contra el Gobierno. Aseguró que Javier Milei utiliza su situación judicial para “tapar la catástrofe económica” y lo vinculó al escándalo de las criptomonedas.
El mercado financiero puso la lupa en julio de 2027 como el límite para la solvencia del modelo. Con el riesgo país estancado en 600 puntos y una industria en caída libre, el Gobierno busca desesperadamente dólares para cubrir un bache de US$ 10.000 millones.
El régimen de Teherán acusó al presidente argentino de cruzar una “línea roja” y convertir al país en el “Israel de América Latina”. Advierten por una respuesta “proporcionada” tras el discurso de Javier Milei en Nueva York.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el país deja de integrar el organismo sanitario internacional. La medida, impulsada por Javier Milei, se hace efectiva tras cumplirse un año de la notificación formal. Se priorizarán acuerdos bilaterales.
El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
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