Provincias productoras y entidades del sector vitivinícola enviaron una nota al ministro de Economía Luis Caputo para preservar instrumentos de control tras la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que derogó 973 normas y limitó fiscalizaciones al vino embotellado.
La medida, publicada el 6 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial, eliminó certificados clave de trazabilidad y generó alertas por riesgos en la cadena productiva. Asociaciones anunciaron acciones judiciales para revertir cambios en documentos esenciales.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó la Resolución 37/2025 para unificar y simplificar el régimen de producción, industrialización y comercialización de vinos y mostos en todo el territorio nacional.
La norma derogó 973 de 1.207 disposiciones previas, concentrando controles en la aptitud del producto final embotellado y dejando optativos registros como el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y el Certificado de Elaboración y Control 05 (CEC 05). Productores primarios, bodegas y fraccionadores quedaron exceptuados de fiscalizaciones internas, con énfasis en verificación posterior basada en riesgos.
Ministros de Producción de La Rioja, Salta, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa impulsaron la carta dirigida a Caputo a fines de noviembre de 2025. La iniciativa contó con respaldo de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Federación de Cámaras Vitivinícolas y la Cámara de Productores Agropecuarios (Carpa) de San Juan, Mendoza y La Rioja.
Los firmantes advirtieron que la supresión de CIU y CEC 05 fragmenta el seguimiento desde viñedos hasta góndolas, afectando transparencia en maquila, cobros y exportaciones.
La desregulación eliminó además 5.000 fiscalizaciones anuales y 140.000 permisos de tránsito, con el objetivo de optimizar la gestión pública y alinearse a estándares internacionales.
El sector reconoció la necesidad de eficiencia administrativa, pero sostuvo que los instrumentos derogados garantizaban calidad y seguridad jurídica durante décadas, especialmente en regiones como el Valle de Antinaco-Los Colorados de La Rioja.
Asociaciones vitivinícolas anunciaron demandas para frenar la aplicación de la resolución en certificados específicos, aunque detalles de presentación judicial permanecen pendientes. La medida impacta a miles de viñateros y bodegas integradas, con énfasis en mantener genuinidad para mercados externos. Provincias productoras presionaron por una revisión inmediata desde el Ministerio de Economía.
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