el tribunal de la Ciudad unifica criterios para actualización de indemnizaciones laborales y civiles

El TSJ de CABA dictó fallos que imponen el índice RIPTE para actualizar indemnizaciones por accidentes laborales previos a 2019 y una tasa pura del 8% anual en obligaciones civiles por daños, revocando dispersión jurisprudencial tras el precedente Levinas. Estas pautas impactan miles de causas en la Justicia porteña, consolidando su rol revisor.

El TSJ porteño, integrado por los jueces Inés M. Weinberg (Presidenta), Alicia Ruiz (Vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi (Foto: Prensa TSJ)
El TSJ porteño, integrado por los jueces Inés M. Weinberg (Presidenta), Alicia Ruiz (Vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi (Foto: Prensa TSJ)

En la causa Valdés c/ Asociart, firmado por Inés WeinbergMarcela De LangheSantiago Otamendi y Luis Lozano (con disidencia de Alicia Ruiz), el TSJ revocó a la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo, validando el RIPTE por reflejar mejor la evolución salarial frente a la tasa activa del Banco Nación. Este criterio, anticipado en Boulanger del 1° de octubre, aplica retroactivamente vía DNU 669/2019, reordenando juicios laborales con menor ajuste que índices inflacionarios previos. La decisión reduce incertidumbre en más de mil expedientes porteños.​

Paralelamente, en Paraná S.A. de Seguros s/ Luna c/ Álvarez, el Tribunal anuló la tasa del Banco Nación impuesta por la Cámara Civil, ratificando el 8% anual puro desde el hecho lesivo hasta la cuantificación, alineado con la Corte en Barrientos. Este esquema excluye inflación o tasas financieras para obligaciones de valor, reservando el art. 768 CCCN solo a sumas dinerarias determinadas judicialmente.​

Los fallos trascienden lo técnico: posicionan al TSJ como filtro previo a la vía federal, invitando a reflexionar si la moderación de intereses fortalece incentivos productivos o perjudica víctimas en contextos inflacionarios. En un fuero laboral históricamente expansivo, el RIPTE y el 8% marcan un giro hacia parámetros salariales realistas, cuestionando si equilibran derechos con sostenibilidad fiscal. La disidencia de Ruiz presagia debates futuros en un Poder Judicial en transformación.​

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