La concesión original de la Terminal de Retiro, operada por la firma TEBA S.A. de Otero, caducó en 2015. A pesar de que esta es la estación más importante del país, con un tránsito de cerca de 100.000 personas en temporada alta, ha continuado operando en una precariedad legal que ningún funcionario ha podido revertir o explicar con claridad.
El lucrativo negocio de Retiro va más allá del cobro de tasas de andén, abarcando alquileres de locales, estacionamiento y servicios. El canon que el magnate pagaba se mantuvo prácticamente inalterado en términos de dólar estadounidense desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, un regalo regulatorio para un negocio de tal magnitud.
La complicidad estatal con esta situación se manifestaba en la constante queja de los usuarios por la infraestructura degradada y la falta de inversión. Otero, por su parte, ejercía un control absoluto sobre el predio, llegando a concesionar los baños a sus propios empleados de limpieza, quienes le pagaban un “alquiler” mensual. Las comodidades, como el restaurante del piso superior, eran mantenidas con pulcritud, siendo un punto de encuentro frecuente para figuras políticas y judiciales.
La historia de Néstor Otero es una crónica de la capacidad de resistencia ante cualquier intento de reforma. Representa un ejemplo de un Estado que prioriza la excepción administrativa por encima de la norma, tolerando la precariedad y el control de activos críticos por parte de un privado a pesar de las condenas judiciales y la decadencia de la infraestructura. El desalojo de Once parece ser el primer indicio de que el “Zar” podría estar perdiendo finalmente su corona.