1985: el día que la justicia venció al Terrorismo de Estado

El lunes 9 de diciembre de 1985 marcó un punto de inflexión fundacional para la democracia argentina. Ante una Sala de Audiencias colmada en la Cámara Federal, y en medio de un clima de extrema tensión política y militar, se leyó la sentencia que condenó a los principales responsables del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, lo que en realidad fue un plan de exterminio aplicado mediante terrorismo de Estado. Fue la culminación de un proceso judicial histórico —la Causa 13/84— que, a lo largo de cuatro meses, había recogido el testimonio desgarrador de más de setecientos testigos, desnudando ante el mundo el espanto del terrorismo de Estado.

El juicio, una decisión estratégica y temeraria del entonces presidente Raúl Alfonsín, buscaba establecer la verdad y la justicia simétrica, limitando los procesos a los responsables máximos de la dictadura. Sin embargo, el veredicto final generó una fuerte sensación de condena judicial parcial que contrastó con la condena popular, mucho más categórica. De los nueve jefes militares enjuiciados, solo cinco resultaron condenados. El presidente de la Cámara, León Arslanián, leyó las sentencias que dispusieron reclusión perpetua para el general Jorge Videla y prisión perpetua para el almirante Emilio Massera. Las penas aplicadas a Viola, Lambruschini y Agosti, consideradas por muchos como mínimas, desataron indignación en la sala y una decepción colectiva que reflejó la brecha entre la justicia legal y la ética social.

Más allá de la insuficiencia de las penas individuales, la sentencia logró un triunfo de valor histórico indiscutible. La Cámara Federal demostró la existencia de un plan criminal sistemático y coordinado por las juntas militares. El fallo detalló que los comandantes optaron por “procedimientos clandestinos e ilegales” —incluyendo el secuestro, la tortura y la eliminación física de víctimas—, a pesar de contar con los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito. De esta forma, se desarticuló el argumento de la “guerra sucia” o de los “excesos” individuales que se pretendía instalar como justificación.

El punto 30 del fallo, un apartado que pasó inicialmente inadvertido, resultó de una trascendencia mayúscula. Los jueces dispusieron que se pusiera en conocimiento del Consejo Supremo de las FF.AA. el contenido de la sentencia “a los efectos del enjuiciamiento de los Oficiales Superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona”. Esta decisión, que no era esperada por el Gobierno, sentó las bases para juzgar a los militares que tuvieron responsabilidad operativa en los delitos de lesa humanidad. Si bien esta apertura desataría dos años después las rebeliones militares “carapintadas”, en aquel atardecer caluroso de 1985, el Juicio a las Juntas fue el eco vivo de una sociedad que logró demostrar su coraje y su moral. 

Hoy en una Argentina que padece de  desmemoria intensiva, es siempre hora de volver a recordar que los cimientos del hoy fueron construidos con base en la sangre de miles que dejaron la vida por vivir en un país que pueda mirar de frente a la justicia.  

A cuatro décadas del histórico veredicto, el Juicio a las Juntas sigue arrojando luz, pero la sombra de la impunidad parcial persiste, alimentada por el pacto de silencio que la mayoría de los condenados llevó consigo. Esta reticencia ha impedido la recuperación de información crucial sobre los centros clandestinos y, fundamentalmente, sobre el destino final de los nietos robados. La labor de organismos como las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo, cuya lucha incansable fue la base moral del proceso judicial, sigue siendo imprescindible. Ellas continúan con la tarea titánica de reconstruir identidades y exigir la entrega de la verdad que el régimen militar, y los altos mandos condenados, se llevaron deliberadamente a la tumba o a sus cuarteles. El fallo de 1985 fue un hito de justicia, pero la Memoria, Verdad y Justicia completas aún dependen de romper esa última barrera de silencio.