Mendoza vive un momento de máxima tensión por un proyecto de megaminería impulsado por el Gobierno Nacional, que podría obligar a flexibilizar la Ley 7722. El conflicto se centra en el acceso al agua, un recurso escaso en la provincia. Ambientistas y productores advierten que la actividad comprometería los recursos hídricos y la agricultura, lo …
La polémica se centra en la posible modificación o flexibilización de la Ley 7722 de Mendoza, una normativa clave que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes como cianuro y ácido sulfúrico en la minería metalífera, actuando como un escudo ambiental para la provincia. La ley ha sido el bastión de las asambleas y organizaciones ambientalistas mendocinas.
El impulso del Gobierno Nacional para la reactivación minera, visto como una estrategia para atraer inversiones en dólares y aumentar las exportaciones, choca frontalmente con la legislación y la voluntad popular expresada en las calles de Mendoza en el pasado reciente. La provincia, al ser una de las más áridas del país, considera el agua como un recurso no negociable y la megaminería como una actividad de alto riesgo ambiental.
El sector minero argumenta que las nuevas tecnologías minimizan el impacto, pero las organizaciones ambientalistas y los productores vitivinícolas mendocinos advierten que cualquier proyecto de gran escala comprometería irremediablemente las escasas reservas hídricas, afectando la calidad del agua y la agricultura, que es el motor económico regional.
Uso Intensivo de Agua: La megaminería a cielo abierto es una actividad que requiere un uso intensivo de agua, un recurso ya en crisis en la región.
Riesgo de Contaminación: El riesgo de contaminación de los acuíferos y glaciares por el drenaje ácido de mina (DAM) es la principal objeción de los ambientalistas.
La situación política se complejiza para el gobierno provincial, que se encuentra entre la presión del Ejecutivo Nacional por atraer inversiones y la fuerte resistencia social y productiva local. La tensión anticipa un escenario de conflicto social y judicial si se avanza con la flexibilización de las leyes de protección del agua.
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