La CGT boicoteó la reunión del Consejo de Mayo, rechazando el borrador de la reforma laboral. La central obrera está preocupada por la eliminación de la ultraactividad y la cuota solidaria, y se prepara para un debate duro contra el proyecto oficial en el Congreso.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha optado por intensificar su confrontación con el Gobierno Nacional al negarse a asistir a la sexta y última sesión del Consejo de Mayo este martes. La decisión de la central obrera se produjo tras verificar que el borrador final de la propuesta de “Modernización laboral” del Ejecutivo no incorporó ninguna de las objeciones o sugerencias planteadas por el sector sindical. La ausencia de su representante, Gerardo Martínez, es un claro “mensaje de rechazo”, señalaron fuentes de Azopardo 802, indicando que no convalidarán el documento final.
El malestar en la CGT es palpable, especialmente luego de que el Gobierno ignorara las peticiones de diálogo directo. “El proyecto es terrible”, admitieron fuentes sindicales. La principal preocupación de los dirigentes se centra en la posible eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, el carácter nacional de dichos acuerdos y la obligatoriedad de la cuota solidaria.
El Gobierno, que en el Congreso cuenta con el apoyo suficiente para impulsar gran parte de su agenda sin mayores concesiones, está determinado a avanzar con los puntos más sensibles para el sindicalismo:
Ultraactividad de los convenios: este principio legal garantiza que un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) mantenga su vigencia, incluso después de expirar su plazo, hasta que se firme uno nuevo. El Ejecutivo busca eliminar esta cláusula y descentralizar las negociaciones a niveles regionales o incluso de empresa, lo que debilitaría el poder de negociación centralizado.
Cuota solidaria: este aporte financiero es obligatorio para todos los trabajadores registrados de una actividad, estén o no afiliados al sindicato, y es vital para el financiamiento gremial. El Gobierno, alineado con la bandera de la “libertad”, pretende convertirla en voluntaria. El sindicalismo defiende este aporte, explicando que el beneficio de las paritarias (aumentos salariales) se extiende a todos los trabajadores del sector. Su eliminación significaría un “golpazo” financiero y un ataque directo a la capacidad de negociación de las centrales.
A pesar de la tensión, la CGT y sus cuadros legislativos se preparan para dar la pelea en el Congreso, aunque, por ahora, han descartado acciones directas como movilizaciones o un paro general. Primero, esperarán a analizar el texto definitivo y las posturas de los diferentes bloques parlamentarios.
En el ámbito legislativo, la diputada Vanesa Siley (dirigente cercana a Cristina Kirchner) se ha erigido como una de las principales voces opositoras. Siley presentó una contrapropuesta de actualización laboral que busca rebatir la idea de que los sindicatos defienden modelos obsoletos. Sus propuestas incluyen:
Aumento del salario mínimo al nivel de la canasta básica total.
Reducción de la jornada laboral de 7 a 6 horas diarias.
Igualación de licencias parentales.
Implementación de la desconexión digital.
Creación de un Comité de Seguridad e Higiene laboral.
La legisladora, al igual que la CGT, sostiene que la verdadera causa de la falta de nuevos puestos de trabajo formal no es la legislación laboral, sino el modelo económico impulsado por el Gobierno, un argumento que será clave en el debate contra la ola libertaria que busca transformar la estructura legal y las bases sindicales del país.
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