El empresario Mauricio Morales, dueño de Ok Catering, Eventos & Egresados, fue imputado este miércoles por el delito de estafa genérica, tras acumular al menos 24 denuncias en Mendoza por fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos que no se realizaron o fueron cumplidas en condiciones muy inferiores a lo pactado.
La Fiscalía de Delitos Económicos ordenó su detención y traslado a una cárcel provincial para avanzar con la investigación.
Morales, oriundo de San Juan y detenido recientemente en esa provincia, ofrecía a través de redes sociales paquetes de catering y producción de eventos, garantizando precios accesibles. Aunque cumplió algunas celebraciones para generar confianza, la mayoría fueron frustradas.
Su accionar afectó a numerosas víctimas; se reportan en promedio cerca de 100 personas afectadas por evento en al menos seis fiestas de egresados distintas. Entre los casos documentados, destaca la fiesta fallida para 250 personas de una escuela rural de Colonia Segovia, cuyos alumnos pagaron entre 69.000 y 82.000 pesos por entrada.
A pesar de los compromisos pautados, solo hubo cinco bandejas de pizzetas y gaseosas calientes para todos los invitados, y en la cocina se encontraron cantidades mínimas de carne y postres.
Asimismo, una familia entregó 10 millones de pesos para dos fiestas de 15 años que nunca se llevaron a cabo, siendo uno de los episodios más emblemáticos. En otro caso, dos gemelas vieron frustrada su celebración cuando proveedores fueron impedidos de ingresar al salón y Morales envió una foto antigua alegando un accidente para justificar la suspensión.
Tras la viralización del escándalo, la Fiscalía recomendó a los afectados denunciar formalmente para que la investigación avance.
Morales intentó evadir a la policía hasta ser detenido en San Juan mediante un operativo conjunto. En el allanamiento se incautaron un arma de fuego, dos vehículos y su teléfono celular, todos bajo análisis por la Justicia.
La fiscal Susana Muscianisi aclaró que la imputación actual corresponde a una causa puntual, pero el número de denuncias podría crecer conforme avancen las pericias y se sumen testimonios. La orden de prisión preventiva busca asegurar la continuidad de la investigación mientras se establecen responsabilidades.
Las maniobras fraudulentas no solo generaron perjuicios económicos millonarios, sino desgaste emocional en familias y jóvenes que confiaron en la empresa para eventos emblemáticos.
Morales trabajaba con varios salones, aunque ninguno tenía relación directa con sus maniobras, ya que él reservaba fechas que luego revendía sin cumplir. Los relatos de padres y víctimas reflejan decepción y tensión por la cancelación abrupta y sin reembolso de eventos importantes, generando un impacto social extendido más allá de lo económico.
Aunque las denuncias y pruebas preliminares muestran un patrón de estafa reiterada, la investigación recién inicia y la fiscalía aún debe probar la extensión del daño y posibles complicidades.
También queda por aclarar cómo Morales logró evadir controles anteriores y por qué el fraude pudo crecer hasta tal magnitud sin intervención o alerta previa de autoridades. Además, este caso resalta la necesidad de mecanismos más sólidos para proteger a consumidores y usuarios en la organización de eventos sociales, un sector con múltiples actores y poco regulado.
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