La Justicia ordenó no acercarse a dos directivas de una institución que alberga menores. Una grabación de 40 minutos es la prueba central de una grave denuncia por presunto maltrato contra dos niños alojados.
La Justicia ordenó no acercarse a dos directivas de una institución que alberga menores. Una grabación de 40 minutos es la prueba central de una grave denuncia por presunto maltrato contra dos niños alojados.
La Justicia de Mar del Plata investiga a la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y a la trabajadora Marisa Benaduche, por supuestos episodios de maltrato infantil que habrían ocurrido a fines de noviembre en el hogar convivencial de Balcarce, conocido como el “Patronato”.
El caso se inició tras la difusión de un audio de unos cuarenta minutos grabado por una empleada. Allí se escuchan insultos y amenazas dirigidos a al menos dos menores de edad que viven en la institución.
El hogar convivencial, al cual llegan niños por derivación judicial o del Servicio Local debido a situaciones de vulnerabilidad, tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar y contención. Ambas acusadas ya fueron desvinculadas del instituto.
El conflicto se habría desatado cuando uno de los niños, atravesando una crisis emocional generada por la posible separación y traslado de su hermano a otro hogar, rompió un vidrio.
Según la denuncia, la respuesta provino de la señora Género, quien habría incrementado la tensión con un tono violento y agresivo.
El registro sonoro, prueba central en la causa penal, contiene frases que reflejan un nivel de intimidación y humillación contra los menores.
En distintos fragmentos, se oyen graves amenazas. “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, se escucha. También se le ordena al niño “Cállate la boca porque te pego una cachetada”.
La intimidación escaló a la amenaza de traslado a un centro correccional: “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”, advirtió la mujer, agregando que allí “los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada” por ser “groseros”.
Las humillaciones verbales continuaron mientras el niño lloraba, con frases como “Son una basura”, “No valoran un carajo” y la advertencia de que “la vida insoportable se las voy a hacer yo”.
Uno de los momentos más repudiables se registra cuando, presuntamente, se le amenaza con obligarlo a meter la mano en el inodoro y chuparse los dedos delante de todos si volvía a hacerse sus necesidades encima. También se exigió que los menores “paguen” el vidrio roto y les advirtió: “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos”.
Tras quedar formalmente señalada en la causa, la dirigente Alejandra Género negó rotundamente haber maltratado a los chicos, según recogieron medios locales.
En declaraciones radiales, la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia aseguró que la grabación fue “recortada” para perjudicarla y que su intención en el momento del incidente fue “contener la situación”, ya que el menor estaba “completamente desbordado”.
La acusada insistió en que lo que se escucha forma parte de una maniobra para desplazarla de su cargo y aseguró estar a disposición de la Justicia. La dirigente además mencionó que el día del incidente ya había un clima tenso, dado que otros menores habían llegado al hogar provenientes de un hospital con golpes. “Jamás lastimé a un chico”, afirmó.
En paralelo a la causa penal, que tramita en el Juzgado de Garantías N°2, el Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar de protección el cinco de diciembre. La intervención judicial, que se activó tras una denuncia de la Escuela Especial N° 502, busca garantizar la seguridad de los menores.
La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de doscientos metros para la señora Género, la señora Benaduche y otros trabajadores involucrados. La medida cautelar les prohíbe también cualquier tipo de contacto —telefónico, por mensajes o redes sociales— con los niños.
Esta restricción alcanza todos los espacios que frecuentan los menores, incluyendo sus escuelas y actividades recreativas, y regirá mientras continúe el proceso judicial.
El juzgado dejó asentado que cualquier incumplimiento de la medida será notificado a la Justicia Penal por los posibles delitos de lesiones, amenazas y coacción.
Asimismo, se enviaron oficios a las autoridades municipales y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para que intervengan y hagan el seguimiento de la situación de los niños en riesgo.
La noticia del maltrato en un lugar que debía ofrecer resguardo expone la fragilidad del sistema de protección infantil. Las pruebas son contundentes y las medidas judiciales son firmes, pero la pregunta que queda abierta es cómo se asegurará, a largo plazo, la contención emocional y la seguridad de los niños que, por orden de la Justicia, dependen del cuidado de terceros.
El Patronato debe ahora recomponer la confianza para seguir cumpliendo con su delicada misión.
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