La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) respaldó la reforma laboral del Gobierno pero exigió cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones y el fin de las retenciones sindicales compulsivas para proteger a las PyMEs.
La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) respaldó la reforma laboral del Gobierno pero exigió cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones y el fin de las retenciones sindicales compulsivas para proteger a las PyMEs.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) sentó su posición frente a la iniciativa del Poder Ejecutivo con el proyecto de ley de “Modernización laboral”.
Si bien la entidad manifestó su apoyo general a la actualización normativa, presentó un pliego de propuestas concretas destinadas a desactivar lo que denominan la “industria del juicio” y a reducir la carga financiera que implican los aportes sindicales obligatorios.
El punto más crítico señalado por los mayoristas es el método de actualización de las sentencias laborales. Desde la cámara advirtieron que el esquema que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés genera “condenas impagables” que llevan a la quiebra a las PyMEs.
“No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación, porque multiplica los montos de manera desproporcionada”, señalaron, recordando que la indexación está prohibida por la Ley 23.928.
Para solucionar este desajuste, CADAM propone volver al sistema histórico de tasas bancarias (promedio entre activas y pasivas). Según la entidad, esto devolvería la previsibilidad al sistema y evitaría que una demanda laboral termine cerrando una empresa y destruyendo puestos de trabajo.
En un apartado que promete generar tensión con los gremios, los mayoristas pidieron derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita las llamadas “cuotas solidarias”.
Argumentan que estos cobros compulsivos a trabajadores no afiliados y empresas terminan siendo un costo adicional fijado en negociaciones donde muchas compañías no tienen representación real.
Asimismo, solicitaron dejar de funcionar como “agentes de retención”. La propuesta es que los empleadores ya no estén obligados a descontar la cuota sindical del sueldo: “Si un trabajador decide afiliarse, debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su cobranza”, enfatizaron. También pidieron que cualquier aporte extraordinario para capacitación o beneficios sea estrictamente voluntario.
Finalmente, para desalentar los litigios sin sustento, propusieron que, ante reclamos exagerados (“plus petición inexcusable”), las costas del juicio sean pagadas solidariamente por el demandante y su abogado, buscando así una mayor responsabilidad en las demandas.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
