La UIA apoyó la reforma laboral, negando la pérdida de derechos y pidiendo adecuar las normas a la productividad. El titular Rappallini destacó el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo clave contra la litigiosidad y el empleo informal.
La UIA apoyó la reforma laboral, negando la pérdida de derechos y pidiendo adecuar las normas a la productividad. El titular Rappallini destacó el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo clave contra la litigiosidad y el empleo informal.
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y miembro activo del Consejo de Mayo, salió a defender firmemente la propuesta de reforma de la legislación laboral que se comenzará a tratar en el Congreso la próxima semana. El dirigente industrial catalogó la aprobación de los cambios como una prioridad para revertir la crisis del mercado de trabajo.
Rappallini argumentó que el sistema actual es un “fracaso importante”, dada la ausencia de creación de empleo formal durante los últimos 15 años. Según el empresario, la normativa vigente fomenta la “alta litigiosidad” y concentra incentivos que no favorecen la productividad, sino que “generan conflictos judiciales a las empresas”.
El titular de la UIA enfatizó que el proyecto no implica un retroceso en los derechos de los trabajadores, sino que busca “adecuar los regímenes de trabajo a la realidad”. Subrayó la necesidad de considerar ambas partes de la relación laboral:
“Es importante tener en cuenta las dos partes, no solo las necesidades del trabajador, sino también la necesidad empresaria de tener productividad.”
Para la UIA, el objetivo es “modernizar las relaciones laborales internas” y desarticular situaciones que estaban “rigidizadas y normas que no estaban pensadas para la generación de empleo”. Rappallini criticó a sectores del sindicalismo que, si bien reconocen en privado la necesidad de cambios, adoptan una posición unificada de “criticar y oponerse” en el debate público.
Al referirse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el líder industrial lo consideró una “solución muy inteligente” que incentivará la formalización y el blanqueo de trabajadores. Explicó que este fondo permitirá a las empresas generar un fondo de cese mediante aportes, lo cual “quita la litigiosidad y el costo futuro”, impulsando la generación de empleo registrado.
Rappallini también expresó su apoyo a otros puntos del proyecto, como la conformación de un banco de horas y la flexibilización en el régimen de vacaciones. Sobre este último punto, indicó que se está regularizando una práctica ya existente en la sociedad, donde se busca “encontrar formas de que el trabajador tome vacaciones, pero no afectar el funcionamiento de las empresas” mediante el acuerdo mutuo.
Finalmente, el empresario concluyó que, si bien Argentina tiene la capacidad de ser competitiva industrialmente, sigue arrastrando “distorsiones del pasado”, como una presión fiscal récord y costos de distribución que encarecen el producto nacional frente a sus vecinos regionales.
Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también manifestó su respaldo a la iniciativa de modernización, valorando que la actualización normativa puede aportar previsibilidad y reducir conflictos. No obstante, CADAM presentó sus propias propuestas para lograr un marco más equitativo, que incluyen:
Actualizar las condenas judiciales usando tasas bancarias.
Revisar las cuotas obligatorias derivadas de convenios.
Convertir los aportes patronales obligatorios en voluntarios.
Eliminar la retención automática de aportes sindicales.
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