La central obrera celebró la postergación del debate legislativo para febrero. Jorge Sola, referente sindical, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y anticipó que la estrategia jurídica se centrará en defender el derecho a huelga en servicios que el Gobierno considera esenciales.
La decisión del oficialismo de trasladar el tratamiento de la reforma laboral al próximo año generó un clima de satisfacción cauta en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción, calificó esta demora como una victoria para los trabajadores. Según el dirigente, el Gobierno nacional registró que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar la norma de manera inmediata.
Este escenario de pausa legislativa surgió tras un trabajo de cabildeo por parte de la central con gobernadores y legisladores de diversos espacios políticos. El objetivo de estas gestiones fue exponer las consecuencias que, a criterio del gremialismo, tendría la aplicación del proyecto original.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que los apoyos están firmes y que el tiempo extra se utilizará para integrar cambios sugeridos por bloques aliados.
El punto de mayor fricción reside en el artículo 88 del proyecto de ley. Esta cláusula busca reglamentar el ejercicio de la huelga exigiendo coberturas mínimas de actividad. El texto divide las tareas en “esenciales“, con un 75% de prestación obligatoria, y de “importancia trascendental“, con un 50%. Entre ellas figuran desde la salud y la educación hasta la industria alimenticia y bancaria.
El equipo jurídico de la CGT, el mismo que logró invalidar el capítulo laboral del DNU 70, ya prepara las impugnaciones. Los abogados sindicales argumentan que estas restricciones son más severas que las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incluso Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Cambiemos, advirtió que la redacción actual es difusa y podría multiplicar los conflictos judiciales en lugar de reducirlos.
La resistencia de la central obrera se apoya en una lectura crítica de la economía actual. Sola informó que en los últimos dos años desaparecieron 18.000 PyMEs (pequeñas y medianas empresas) y se perdieron cerca de 200.000 empleos registrados.
Para el dirigente, el problema de fondo no reside en las reglas de contratación, sino en la elevada carga tributaria y el impacto de la apertura de importaciones en sectores como el textil y el juguete.
El sindicalista remarcó que el equilibrio fiscal exhibido por la gestión de Javier Milei tiene un costo social elevado que afecta a jubilados y trabajadores informales. Según su visión, modificar los mecanismos de despido no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo si no existe previamente un proyecto que fomente la inversión productiva genuina.
La Libertad Avanza aseguró la presidencia de carteras estratégicas en Diputados para controlar la agenda legislativa. El bloque oficialista busca evitar nuevas leyes de emergencia, mientras la oposición denuncia un intento de parálisis de los temas sociales.
Damián, esposo de la participante Jenny Mavinga, confirmó el inicio de acciones legales contra Carmiña Masi tras sus expresiones discriminatorias. El familiar de la concursante congoleña solicitó además sanciones para otros integrantes que habrían avalado los comentarios en vivo.
Carabineros cifró en 16.000 los asistentes al encuentro en Parque Almagro este jueves. La líder opositora, invitada a la investidura presidencial de José Antonio Kast, promovió una ruta de retorno para los migrantes y recibió las llaves de la ciudad.
Registros telefónicos revelaron comunicaciones directas entre el Presidente y el lobbista Mauricio Novelli minutos antes del lanzamiento del token. La Justicia detectó mensajes borrados y facturas que contradicen la versión oficial sobre el origen del polémico criptoactivo.
A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo puso en marcha el PROFERED
Naim Qassem, secretario general de la organización, calificó el conflicto como una batalla existencial, rechazó las amenazas de Israel y pidió al gobierno libanés evitar concesiones diplomáticas innecesarias ante la agresión.
El sindicato liderado por Hugo Moyano acordó una suba del 10,1% hasta agosto. Pese a las exigencias previas de aumentos trimestrales, el gremio aceptó incrementos mensuales decrecientes y una suma fija para compensar el desfase inflacionario de 2025.
Federico Sturzenegger defendió la creación de 400.000 puestos de trabajo en dos años de gestión. El ministro destacó el crecimiento del empleo independiente y atribuyó la caída del registro formal al saneamiento del monotributo social.
