A través de una resolución publicada este martes, el Ministerio de Salud recortó las facultades de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. El organismo técnico pierde autonomía para proponer temas de agenda y queda bajo el control directo del Ejecutivo, que ahora definirá cuándo y sobre qué podrán opinar los expertos.
En un movimiento que redefine el tablero sanitario del país, el Ministerio de Salud de la Nación ha decidido limitar drásticamente la autonomía de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). El nuevo marco normativo, oficializado por la gestión de Mario Lugones, establece que este órgano asesor dejará de tener la iniciativa para proponer temas de debate, quedando su actividad supeditada exclusivamente a los pedidos expresos de las autoridades gubernamentales.
La medida representa un cambio de paradigma en la construcción de las políticas públicas de salud. Hasta hoy, la CoNaIn funcionaba como un faro técnico independiente que, basado en la evidencia científica, sugería la incorporación o retiro de vacunas en el Calendario Nacional. Con el nuevo reglamento, el Gobierno asume la “gobernanza total” de las decisiones, argumentando la necesidad de ordenar el funcionamiento del cuerpo y equilibrar lo que denominan “múltiples intereses” de los participantes actuales.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la reestructuración del Núcleo Central. El número de miembros será reducido y su mecanismo de elección cambiará: ahora, las Facultades de Medicina de universidades nacionales deberán proponer ternas que serán evaluadas y seleccionadas por el Ministerio, lo que otorga al poder político la última palabra sobre quiénes integran el comité de expertos. Esta centralización de criterios ha generado inquietud en diversos sectores académicos que ven en este paso una posible pérdida de independencia técnica.
Desde la cartera de Salud aseguran que el objetivo es lograr un “Estado eficiente” donde las responsabilidades institucionales estén claramente definidas. “La CoNaIn no ejercerá funciones decisorias, ejecutivas ni regulatorias”, reza la resolución, subrayando que la responsabilidad técnica final es del Ministerio. Sin embargo, el momento de la decisión es complejo: ocurre en medio de una caída en las tasas de vacunación y brotes aislados de enfermedades que se consideraban controladas, lo que añade una capa de tensión a la medida.
El impacto a largo plazo de este recorte de facultades aún es incierto. Al quitarle al organismo la potestad de marcar la agenda, se corre el riesgo de que temas urgentes queden fuera de la discusión si el Ejecutivo no los considera prioritarios. En un contexto global donde la agilidad científica es clave para enfrentar nuevas amenazas sanitarias, ¿estamos ante una optimización administrativa o frente al debilitamiento de la vigilancia epidemiológica en favor de la política?
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