El presidente, Gustavo Petro, firmó el decreto 1390 que declara emergencia económica en Colombia por 30 días. La medida responde al archivo de una reforma tributaria y busca recaudar 16 billones de pesos para el presupuesto 2026 ante un déficit fiscal.
El presidente de la Nación, Gustavo Petro Urrego, declaró el pasado lunes el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días. La decisión, oficializada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, facultó al mandatario para dictar decretos con fuerza de ley que establezcan gravámenes sin la aprobación previa del Congreso de la República.
Esta medida surgió como respuesta al hundimiento de la reforma tributaria en el legislativo, hecho que dejó un vacío fiscal de 16,3 billones de pesos para el año 2026. Según el Gobierno nacional, la disposición buscó conjurar una crisis fiscal inminente que pondría en riesgo la inversión pública y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
El documento presidencial justificó la emergencia basándose en ocho causas concurrentes. Entre ellas, se destacó la necesidad de financiar el sistema de salud, atender las consecuencias de la ola invernal y garantizar la seguridad en el próximo proceso electoral.
El Ministerio de Hacienda informó que los recursos obtenidos se destinarán a cubrir sectores desprotegidos por la falta de aprobación de leyes de financiamiento.
Los nuevos impuestos estarán dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad económica. Asimismo, se contemplan tributos orientados a regular actividades con impacto en el medio ambiente y la salud pública.
Pese a que la administración de Petro Urrego defendió su gestión como fiscalmente responsable, diversos sectores cuestionaron la legalidad del decreto. La Constitución Política de Colombia estipula que los estados de excepción deben atender hechos imprevisibles; en este sentido, juristas señalaron que el rechazo de una ley en el Parlamento es una posibilidad ordinaria del sistema democrático.
La Corte Constitucional inició el análisis de la medida para determinar su validez. Existe la posibilidad de que el tribunal suspenda los efectos del decreto provisionalmente, debido a que el cobro de impuestos bajo un estado de excepción requiere una revisión de fondo para evitar vulneraciones al orden institucional.
El periodo de emergencia podrá ser prorrogado hasta por un total de 90 días. Una vez concluido el término, el Congreso deberá realizar el control político.
Mientras tanto, la economía nacional mostró señales de fortaleza con una proyección de crecimiento del PIB de hasta el 2,7%, aunque el déficit fiscal ascendió 2,5 puntos porcentuales.
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