El Gobierno de Bolivia enfrenta una escalada de conflictividad social tras la decisión de suprimir la subvención estatal a los hidrocarburos, política que permaneció vigente durante más de 20 años.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes la persistencia de 13 puntos de bloqueo que afectan la conectividad en Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, La Paz, Oruro, Beni y Pando.
La medida económica, formalizada a través del Decreto Supremo 5503, provocó un incremento inmediato en los surtidores. El precio de la gasolina especial subió a un dólar, mientras que el diésel alcanzó los 1,40 dólares, lo que representa un aumento superior al 160%.
El presidente de la Nación, Rodrigo Paz, calificó la situación como una urgencia financiera, argumentando que el déficit fiscal supera el 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el primer mandatario, la administración anterior dejó un país con las arcas estatales debilitadas, lo que imposibilita una transición gradual.
En la sede de Gobierno, una multitudinaria marcha integrada por mineros cooperativistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su rechazo a lo que denominaron un “gasolinazo”.
El secretario general de la entidad, Mario Argollo, señaló que la quita del beneficio afectará de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. No obstante, tras una jornada de negociaciones, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) firmó un acuerdo con el Ejecutivo que garantiza el suministro de combustible para su sector y el control de precios de productos básicos.