El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, demandará al Estado nacional ante la Corte Suprema por una deuda previsional de 51.000 millones de pesos. Este reclamo judicial se suma a la presión de Jorge Macri por fondos coparticipables adeudados a la Capital.
El gobernador Ignacio Torres anunció que este lunes iniciará una acción legal contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia. El reclamo de la provincia patagónica se centra en una deuda acumulada que asciende a los 51.000 millones de pesos, vinculada a transferencias no realizadas para la caja de jubilaciones local. Según el mandatario, el incumplimiento financiero arrastra irregularidades desde 2017, situación que ha llevado a la Fiscalía de Estado de Chubut a buscar una solución por la vía judicial tras agotar las instancias de diálogo con la gestión de Javier Milei.
Esta ofensiva patagónica coincide con el malestar expresado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge Macri también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir nuevamente al máximo tribunal para exigir el cumplimiento del pago de la coparticipación. Aunque el jefe de Gobierno porteño manifestó su intención de alcanzar un consenso político con el Ministerio de Economía, advirtió que no renunciará a los recursos que le corresponden a los habitantes de la Capital, calificando la situación heredada de la administración anterior como una catástrofe financiera de proporciones masivas.
El conflicto escaló luego de que el proyecto de Presupuesto 2026 no incluyera partidas claras para saldar estos compromisos con las jurisdicciones. Pese a las reuniones mantenidas entre Jorge Macri y Luis Caputo, la ausencia de un cronograma de pagos efectivo mantiene en alerta a los gobernadores, quienes ven en la Justicia el último recurso para defender sus arcas. Torres fue enfático al señalar que los contribuyentes de su provincia siguen aportando a un sistema que la Nación desfinancia sistemáticamente, lo que vuelve insostenible la espera de una respuesta administrativa.
La judicialización de estos reclamos marca un cierre de año complejo para la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios aliados o dialoguistas. Mientras el Gobierno nacional intenta mantener el equilibrio fiscal, las provincias demandan que el ajuste no se realice a costa de derechos adquiridos, como el sistema previsional o los fondos coparticipables. El escenario en la Corte Suprema se perfila ahora como el árbitro definitivo de una disputa que combina urgencias presupuestarias con interpretaciones legales sobre el federalismo económico.
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