La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y diversas entidades del sector privado emitieron un comunicado urgente ante el posible fin de la emergencia sanitaria en 2026. Advierten que, sin la prórroga de los beneficios fiscales, el sistema enfrentará un colapso financiero.
La discusión del Presupuesto 2026 en el Senado ha encendido las alarmas en el sistema de salud privado. Las cámaras del sector denuncian que el proyecto oficial no contempla la extensión de la Emergencia Sanitaria, una herramienta vigente desde hace años que otorga alivios fiscales críticos, como la reducción de alícuotas en las contribuciones patronales y beneficios en el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Sin este paraguas legal, las empresas aseguran que los costos operativos se volverán insostenibles.
Según el comunicado de CADIME, el impacto sería inmediato y devastador para las pequeñas y medianas empresas del sector, especialmente los centros de diagnóstico y clínicas regionales. Estiman que la presión impositiva adicional podría forzar el cierre de cientos de establecimientos, afectando de manera directa el empleo calificado. “No es solo una cuestión de rentabilidad, es la subsistencia de una red que atiende al 70% de la población argentina”, señalaron los referentes del área.
El conflicto se agrava por el desfasaje entre los costos y los ingresos. Mientras que los insumos médicos, muchos de ellos importados, siguen el ritmo de la inflación o el dólar, los aranceles que las prepagas y obras sociales pagan a los prestadores están sujetos a demoras y regulaciones. El fin de la emergencia sanitaria implicaría, según las cámaras, un aumento del 20% en los costos laborales, lo que obligaría a muchas instituciones a reducir personal o directamente cesar sus actividades.
Desde el Gobierno, la postura hasta ahora se mantiene en la línea de la normalización fiscal. El equipo económico argumenta que las prórrogas sistemáticas de las emergencias distorsionan el sistema tributario y que el sector debe adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. Sin embargo, los prestadores responden que la salud no puede ser tratada como cualquier otro servicio comercial, dado que un cierre masivo de clínicas privadas saturaría de forma irreversible el ya exigido sistema de salud pública.
En definitiva, el sector privado de salud se encuentra en un estado de alerta permanente mientras se define la votación en el Senado. De no mediar una modificación en el Presupuesto 2026 que contemple la situación sanitaria, el año comenzará con un escenario de alta conflictividad y posibles restricciones en los turnos y servicios médicos. La comunidad médica aguarda una señal política que evite lo que definen como una “tormenta perfecta” para la sanidad argentina.
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