En una jornada de alta intensidad política, el ministro del Interior, Diego Santilli, se hizo presente en el Congreso para reunirse con Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista. El Gobierno confía en que cuenta con los números necesarios para aprobar el plan de gastos de 2026.
La Cámara Alta inició pasadas las 12:20 el debate de dos piezas fundamentales para el programa económico de Javier Milei: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Con la media sanción de Diputados bajo el brazo, el oficialismo libertario se juega su capacidad de gestión y control político frente a un mercado que aguarda señales de previsibilidad. La presencia de Santilli en los despachos de la Cámara destaca la importancia que el Ejecutivo le otorga a la negociación de último minuto con los bloques que todavía plantean dudas sobre puntos específicos.
El esquema de debate acordado es por capítulos, una modalidad que busca agilizar la sesión pero que genera rispideces con los sectores que pretendían una discusión artículo por artículo. Los puntos de mayor fricción se concentran en el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como educación, ciencia y defensa. Según diversos gobernadores, esta medida vulnera pactos federales y pone en riesgo la infraestructura básica de las provincias, convirtiéndose en la principal moneda de cambio en las negociaciones de pasillo.
Otro eje de conflicto es el artículo 12, que impone nuevas reglas de juego para las universidades nacionales. Bajo la amenaza de interrumpir las transferencias de fondos, el proyecto exige que las instituciones presenten información detallada y sistemática sobre el uso de su presupuesto. Para el Gobierno, se trata de una medida de transparencia indispensable; para la oposición y los rectores, representa una intervención indirecta que atenta contra la autonomía universitaria y el normal funcionamiento académico.
Las proyecciones económicas que sustentan el texto son ambiciosas y marcan la hoja de ruta del oficialismo para el próximo año. El Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una drástica desaceleración de la inflación anual al 10,1% y un tipo de cambio oficial estabilizado en torno a los $1.423 para diciembre de 2026. El éxito de la Ley de Inocencia Fiscal, que acompaña este paquete, es visto como el motor necesario para inyectar dólares al sistema financiero y sostener estas variables macroeconómicas.
La sesión de este viernes define el margen de maniobra del Gobierno para el inicio de 2026. Si el oficialismo logra mantener la disciplina de sus aliados circunstanciales, Milei cerrará el año con la herramienta legal más importante para su gestión. De lo contrario, cualquier modificación en artículos clave obligará a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados, prolongando la incertidumbre legislativa hasta bien entrado el verano
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