El juez Daniel Rafecas elevó la causa contra la legisladora porteña por presunta incitación al odio y actos discriminatorios en redes sociales. El proceso determinará si sus críticas al Estado de Israel excedieron los límites de la libertad de expresión.
La justicia federal dio un paso decisivo en la investigación contra la legisladora porteña y referente del Frente de Izquierda, Vanina Biasi. El magistrado Daniel Rafecas clausuró la instrucción y envió a la dirigente a juicio oral, tras considerar que existen pruebas suficientes sobre la presunta comisión del delito de instigación a la violencia y discriminación. El caso quedó radicado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para el inicio del debate.
El expediente se inició tras una denuncia del fiscal Carlos Stornelli por una serie de publicaciones que Biasi realizó en la plataforma X (antes Twitter) entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
En dichos mensajes, la entonces diputada nacional utilizó términos como “nazi“, “genocida” y “apartheid” para referirse a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Para la Cámara Federal, estas expresiones no constituyeron una opinión política aislada, sino un discurso que pudo vulnerar los derechos del colectivo judío.
La defensa de la funcionaria sostuvo que sus manifestaciones se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Durante sus declaraciones ante la justicia, Vanina Biasi rechazó las acusaciones de antisemitismo y afirmó que su postura es exclusivamente antisionista.
Sin embargo, el fiscal Eduardo Taiano y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que actúa como querellante, argumentaron que el lenguaje utilizado buscó alentar el odio de manera deliberada.
En su resolución, el juez Rafecas destacó que uno de los mensajes más sensibles fue publicado el 27 de enero, coincidiendo con el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto.
Según el magistrado, la condición de figura pública de la imputada otorga a sus palabras una mayor capacidad de influencia y riesgo.
El fallo también mencionó el contexto histórico de Argentina, marcado por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, como un factor que obliga a extremar los cuidados frente a discursos de odio.
La acusación se fundamenta en el artículo tres de la Ley 23.592 (Ley Antidiscriminatoria), que establece sanciones para quienes promuevan la persecución o el odio por motivos religiosos o nacionales. El proceso judicial deberá resolver ahora la tensión entre la inmunidad de opinión que protege a los legisladores y los límites que impone la legislación actual.
La resolución de este juicio oral sentará un precedente relevante sobre la responsabilidad legal de los políticos en redes sociales y la frontera entre la crítica ideológica y la hostilidad hacia un grupo étnico.
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