El Gobierno nacional habilitó mediante el Decreto 921/2025 que empresas privadas financien y construyan 16 obras de alta tensión. Con una inversión de 6.600 millones de dólares, buscan evitar apagones y eliminar los límites en el transporte energético.
El Poder Ejecutivo formalizó este lunes un cambio estructural en la política energética argentina al desplazar al Estado de su rol como inversor en infraestructura. A través de la normativa publicada en el Boletín Oficial, se estableció que las ampliaciones del sistema eléctrico se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública.
Este esquema traslada al sector privado la responsabilidad de financiar, construir y operar las nuevas líneas de alta tensión, eliminando el uso de recursos del Tesoro Nacional.
La Secretaría de Energía identificó 16 proyectos críticos que suman más de 5.600 kilómetros de tendido eléctrico. Estas obras resultan indispensables para conectar los centros de generación de energía con los grandes núcleos de consumo. Entre los planes más urgentes se encuentra el proyecto AMBA I, destinado a reforzar el suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 40 por ciento de la demanda eléctrica del país.
La normativa delegó en la Secretaría de Energía la gestión de las licitaciones públicas nacionales e internacionales. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, funcionará como la autoridad de aplicación y control. El objetivo oficial es garantizar previsibilidad jurídica para atraer los 6.600 millones de dólares necesarios para modernizar el sistema.
Este movimiento se produce en un contexto de retiro estatal del mercado. Recientemente, el Ministerio de Economía inició la venta de acciones de Transener, la mayor transportadora de electricidad de Argentina. Asimismo, el Ejecutivo concretó la concesión de represas hidroeléctricas en la región del Comahue (Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados), lo que generó ingresos al Estado por más de 706 millones de dólares.
La falta de infraestructura de transporte hoy actúa como un cuello de botella que impide el desarrollo de energías renovables y convencionales. Las nuevas líneas de 500 kV previstas para unir Mendoza, Chubut y Buenos Aires permitirán evacuar la energía hacia los puntos críticos. Sin embargo, el financiamiento privado conlleva una actualización en los costos del servicio.
A partir del 1° de diciembre de 2025, el precio spot en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se fijó en 14.381 pesos por MWh. Esta actualización tendrá un efecto directo en las tarifas de luz y las boletas que reciben los usuarios finales. El Gobierno apuesta a que esta normalización de precios sea el incentivo necesario para que el sector privado asuma los riesgos de las obras.
El éxito de este plan dependerá de la respuesta de los inversores ante un modelo donde el Estado ya no garantiza los fondos, sino el marco normativo. Queda por ver si el mercado considera que la rentabilidad futura es suficiente para comprometer capitales en proyectos de largo aliento.
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