La justicia federal investiga a nueve detenidos por explotar sexualmente a menores de colegios públicos y privados. La red operaba con un sistema de captación sistemático y descartaba a las víctimas al cumplir la mayoría de edad.
La justicia federal investiga a nueve detenidos por explotar sexualmente a menores de colegios públicos y privados. La red operaba con un sistema de captación sistemático y descartaba a las víctimas al cumplir la mayoría de edad.
El Juzgado Federal de Garantías N°1 de Salta, bajo la titularidad del magistrado Julio Bavio, formalizó la ampliación de la acusación contra una organización criminal dedicada a la trata de personas. La causa, que inicialmente identificó a tres víctimas, escaló a 33 adolescentes tras una serie de peritajes tecnológicos y testimonios en Cámara Gesell.
La investigación determinó que los captadores operaban en las inmediaciones de establecimientos educativos de la capital provincial, seleccionando víctimas de entre 12 y 16 años.
Además, la pesquisa se originó en junio del año anterior, luego de que una madre detectara mensajes de índole sexual en el teléfono celular de su hija. El análisis de este dispositivo permitió a la fiscalía, encabezada por Eduardo Villalba, identificar a un remisero como el presunto dinamizador de la red.
Según las pruebas recolectadas, este individuo coordinaba los traslados y encuentros en hoteles de la Ruta 26 y domicilios particulares, cobrando sumas que oscilaban entre los 60 mil y 200 mil pesos por cada servicio.
La red mantenía un patrón de conducta basado en la vulnerabilidad etaria de las alumnas. El dictamen fiscal describe que los imputados imponían exigencias estéticas, uso de indumentaria específica y, en ciertos casos, el consumo de estupefacientes. Un dato que ilustra la operatividad del grupo era el criterio de permanencia: al cumplir los 18 años, las jóvenes eran excluidas del circuito de explotación, bajo la premisa de que ya no cumplían con el perfil buscado por los clientes.
El avance de la causa fue posible gracias a la labor del Área de Víctimas de la Fiscalía, que permitió a las damnificadas reconstruir los hechos a pesar de las amenazas recibidas. La evidencia digital, analizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la PROTEX, incluye registros de transferencias bancarias y audios donde se ofrecía a las menores para eventos privados y reuniones sociales.
Debido a la complejidad del caso y al volumen de dispositivos electrónicos aún pendientes de peritaje, el juez Bavio extendió el plazo de la investigación hasta el 29 de mayo de 2026. Actualmente, de los nueve implicados, ocho enfrentan cargos como coautores de trata agravada, mientras que cinco son señalados por asociación ilícita y facilitación de la prostitución.
La causa también incluye imputaciones por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 13 años. Mientras el proceso judicial avanza, la sociedad salteña se enfrenta al interrogante sobre la efectividad de los mecanismos de prevención en las instituciones educativas frente a organizaciones que utilizan el transporte y la tecnología como herramientas de captación.
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