Tras el cierre del primer ciclo de sesiones extraordinarias en diciembre, el Gobierno nacional define los detalles para un segundo llamado al Congreso. Con el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal ya sancionados, la Casa Rosada busca retomar la iniciativa parlamentaria el 2 de febrero para destrabar reformas estructurales que quedaron pendientes.
El cierre de 2025 dejó un balance agridulce en los despachos de Balcarce 50. Si bien el Ejecutivo logró convertir en ley el Presupuesto 2026 —considerado la piedra angular del programa económico de Javier Milei— y la normativa de Inocencia Fiscal, el temario original quedó incompleto. Ante este escenario, la “mesa chica” presidencial ya ha descartado la actividad parlamentaria durante enero, optando por concentrar los esfuerzos en un nuevo decreto de convocatoria que entraría en vigencia el lunes 2 de febrero.
La estrategia de adelantar este segundo llamado responde a la necesidad de no perder el impulso político tras el recambio legislativo. El foco principal de esta nueva etapa será la “Modernización Laboral”, un proyecto que busca flexibilizar contrataciones y reducir la carga de ultraactividad de los convenios colectivos. Esta iniciativa, que enfrenta una fuerte resistencia de la CGT y bloques opositores duros, debió ser postergada semanas atrás ante la falta de consensos mínimos. Sin embargo, para el oficialismo, el tiempo corre: la intención es que el debate se agote antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
Otro de los puntos de fricción que aterrizará en el recinto es la modificación de la Ley de Glaciares. Este proyecto es seguido de cerca por los gobernadores de las provincias mineras, quienes pujan por una mayor autonomía en la definición de las zonas periglaciares. A diferencia de otras normas más “negociables”, el texto sobre glaciares plantea una dicotomía de intereses entre el desarrollo extractivo y la protección ambiental, lo que anticipa un debate de alta intensidad en las comisiones del Senado, donde el oficialismo aún debe consolidar su mayoría circunstancial.
El cronograma que evalúa el Gobierno se extendería hasta el 27 de febrero, sirviendo como un “puente” hacia el discurso presidencial de apertura el 1 de marzo. En este lapso, también se espera el tratamiento de la reforma del Código Penal, una de las promesas de campaña que busca endurecer penas para delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas. La celeridad que pretende el Ejecutivo choca, no obstante, con la fragmentación parlamentaria: a pesar de haber mejorado su representación, La Libertad Avanza sigue dependiendo de los “bloques dialoguistas” para evitar que sus proyectos naufraguen.
La decisión de no sesionar en enero se interpreta como una tregua estratégica. El oficialismo utilizará el primer mes de 2026 para pulir los dictámenes y negociar con los mandatarios provinciales que, tras la aprobación del Presupuesto, han recuperado cierto poder de maniobra. En definitiva, el segundo llamado a extraordinarias no será solo un trámite administrativo, sino un termómetro real de la capacidad del Gobierno para transformar su programa económico en un marco legal de largo aliento.
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