El presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó un decreto para gobernar digitalmente desde el exterior, evitando ceder el mando a su vicepresidente, Edmand Lara. La medida, que desafía la Constitución, profundiza la ruptura interna en plena crisis económica y protestas sociales.
En una maniobra que desafía directamente el orden constitucional boliviano, el mandatario Rodrigo Paz ha validado un decreto supremo que lo faculta para ejercer sus funciones mediante canales digitales durante sus viajes al extranjero. Esta determinación choca frontalmente con la Carta Magna del país, la cual exige que el mando sea transferido automáticamente al vicepresidente ante cualquier ausencia temporal del jefe de Estado. El conflicto surge en un momento de máxima tensión con su segundo a bordo, Edmand Lara, quien se ha transformado en el principal detractor del Gobierno desde las redes sociales.
La implementación de este “gobierno remoto” busca blindar la autoridad de Paz antes de su partida a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial en Davos. La relación entre los dos líderes, que asumieron sus cargos apenas el pasado noviembre, está completamente rota; mientras Lara tilda al presidente de deshonesto, Paz responde restando importancia a la actividad mediática de su compañero de fórmula. De hecho, el Ejecutivo ya ha comenzado a desmantelar las atribuciones de la Vicepresidencia, delegando sus funciones tradicionales en oficinas de nueva creación bajo control directo del mandatario.
El enfrentamiento ha trascendido lo administrativo para convertirse en una batalla de acusaciones graves. Desde el entorno presidencial se señala a Lara por intentar colocar a allegados en organismos de seguridad, mientras que el vicepresidente, de formación policial, contraataca vinculando a ministros con estructuras delictivas. Este clima de hostilidad se ha visto agravado por la reciente declaración de emergencia económica, que incluye la supresión de los subsidios a los combustibles, una política que Lara ha bautizado como la “norma del hambre” para movilizar a la opinión pública en contra de Paz.
El descontento en las calles de La Paz no ha dejado de crecer, alimentado por los mensajes del propio vicepresidente, quien utiliza plataformas como TikTok para incentivar las marchas que ya cumplen diez días consecutivos. Por su parte, la oposición parlamentaria ha criticado la vía del decreto para resolver disputas internas, advirtiendo que la estabilidad democrática del país se encuentra en riesgo. Con el presidente a punto de cruzar el Atlántico, Bolivia se encamina a una prueba de fuego institucional donde la dualidad de poderes amenaza con paralizar la gestión estatal.
El interbloque Popular presentó un proyecto de resolución que plantea la moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Una mujer se encadenó en el edificio judicial tras notificársele que la audiencia para dictar una nueva sentencia se postergaría hasta agosto.
Fuerzas de seguridad bloquearon manifestaciones estudiantiles en el centro capitalino. Los universitarios rechazaron el alza de combustibles y exigieron suspender el programa de comidas gratuitas por presiones fiscales e intoxicaciones.
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El agente Rodolfo Manfredi murió y el cabo Emilio Gómez Villafañe resultó gravemente herido tras un enfrentamiento armado en el barrio Villa Banana. Las autoridades investigan el contexto del hecho y demoraron a dos civiles.
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