El presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó un decreto para gobernar digitalmente desde el exterior, evitando ceder el mando a su vicepresidente, Edmand Lara. La medida, que desafía la Constitución, profundiza la ruptura interna en plena crisis económica y protestas sociales.
En una maniobra que desafía directamente el orden constitucional boliviano, el mandatario Rodrigo Paz ha validado un decreto supremo que lo faculta para ejercer sus funciones mediante canales digitales durante sus viajes al extranjero. Esta determinación choca frontalmente con la Carta Magna del país, la cual exige que el mando sea transferido automáticamente al vicepresidente ante cualquier ausencia temporal del jefe de Estado. El conflicto surge en un momento de máxima tensión con su segundo a bordo, Edmand Lara, quien se ha transformado en el principal detractor del Gobierno desde las redes sociales.
La implementación de este “gobierno remoto” busca blindar la autoridad de Paz antes de su partida a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial en Davos. La relación entre los dos líderes, que asumieron sus cargos apenas el pasado noviembre, está completamente rota; mientras Lara tilda al presidente de deshonesto, Paz responde restando importancia a la actividad mediática de su compañero de fórmula. De hecho, el Ejecutivo ya ha comenzado a desmantelar las atribuciones de la Vicepresidencia, delegando sus funciones tradicionales en oficinas de nueva creación bajo control directo del mandatario.
El enfrentamiento ha trascendido lo administrativo para convertirse en una batalla de acusaciones graves. Desde el entorno presidencial se señala a Lara por intentar colocar a allegados en organismos de seguridad, mientras que el vicepresidente, de formación policial, contraataca vinculando a ministros con estructuras delictivas. Este clima de hostilidad se ha visto agravado por la reciente declaración de emergencia económica, que incluye la supresión de los subsidios a los combustibles, una política que Lara ha bautizado como la “norma del hambre” para movilizar a la opinión pública en contra de Paz.
El descontento en las calles de La Paz no ha dejado de crecer, alimentado por los mensajes del propio vicepresidente, quien utiliza plataformas como TikTok para incentivar las marchas que ya cumplen diez días consecutivos. Por su parte, la oposición parlamentaria ha criticado la vía del decreto para resolver disputas internas, advirtiendo que la estabilidad democrática del país se encuentra en riesgo. Con el presidente a punto de cruzar el Atlántico, Bolivia se encamina a una prueba de fuego institucional donde la dualidad de poderes amenaza con paralizar la gestión estatal.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
FATE formalizó el cierre de su planta en San Fernando enviando los últimos telegramas de despido. La empresa atribuyó el final a la competencia china y al conflicto sindical, bajo un modelo económico que eliminó el proteccionismo estatal industrial.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi declaran este martes en el juicio “Cuadernos” ante el Tribunal Federal 7. El exsecretario de Transporte romperá el silencio para responder por el presunto cobro de sobornos ferroviarios en la causa que lidera Cristina Kirchner.
