El Gobierno de Benjamín Netanyahu oficializó este jueves el cese de operaciones de casi cuarenta organizaciones no gubernamentales en la Franja de Gaza y Cisjordania. La disposición obliga a entidades de gran trayectoria, como Médicos Sin Fronteras y Oxfam, a abandonar el territorio en un periodo máximo de 60 días tras la anulación de sus licencias vigentes. El Ejecutivo justifica este endurecimiento alegando razones de seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, imponiendo un nuevo sistema de registro que exige a las ONG revelar datos sensibles sobre sus colaboradores locales palestinos.
La medida ha despertado una condena unánime por parte de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Hadja Lahbib, comisaria de Cooperación Internacional de la UE, calificó la decisión como un bloqueo directo a la asistencia vital, mientras que el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, advirtió sobre un “precedente peligroso” para la acción humanitaria a nivel global. Los grupos afectados argumentan que las exigencias de Israel vulneran los principios de neutralidad e independencia, además de poner en riesgo físico a su personal en un enclave donde ya se han registrado cifras récord de trabajadores humanitarios fallecidos.
El impacto sobre la infraestructura de salud y alimentación se prevé devastador. Según organismos internacionales, las ONG extranjeras sostienen actualmente el 60% de los hospitales de campaña y gestionan la mayoría de los puntos de distribución de comida en Gaza. Su retiro forzado implicaría el cierre de un tercio de los centros sanitarios operativos, agravando una situación ya crítica tras la destrucción de la mayoría de los hospitales durante el conflicto. Además, la demolición de viviendas en campos de refugiados de Cisjordania ha dejado a cientos de civiles sin techo, profundizando el desarraigo de la población.
A nivel interno, diecinueve organizaciones israelíes de derechos humanos, incluyendo B’Tselem, se han unido al reclamo exigiendo que se restablezcan los permisos de inmediato. La presión escala también en los tribunales internacionales, ya que estas acciones contradicen las directrices de la Corte Internacional de Justicia, que obliga a Israel —en su rol de potencia ocupante— a garantizar los suministros esenciales y facilitar la labor de asistencia. Pese a las advertencias de que esta política costará miles de vidas, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora confirmó que los nuevos estándares de seguridad se aplicarán sin excepciones.