La oposición, marginada por el nuevo realismo de Washington

Dos horas de bombardeos sistemáticos fueron suficientes para clausurar el ciclo de Nicolás Maduro en el poder. Sin embargo, el vacío dejado por su captura no ha sido llenado por las fuerzas democráticas que reclamaron la victoria en las urnas. En un giro de estricto pragmatismo, el presidente Donald Trump confirmó que su administración trabajará con Delcy Rodríguez, quien ha asumido la presidencia encargada con el aval del Tribunal Supremo. Para Washington, Rodríguez representa un interlocutor “en el terreno” capaz de garantizar una transición estable, aunque esto suponga ignorar la proclamación civil de la oposición.

Este nuevo orden ha dejado a los protagonistas de las elecciones del pasado julio de 2024 en una posición periférica. El secretario de Estado, Marco Rubio, oficializó este distanciamiento al señalar que, si bien la dirigencia opositora es valorada, Estados Unidos debe lidiar con la “realidad inmediata”. Rubio justificó esta decisión bajo el argumento de que la cúpula antichavista se encuentra actualmente fuera de Venezuela, lo que obliga a la Casa Blanca a “poner a prueba” la capacidad de gestión de la estructura remanente del chavismo para evitar un colapso total del Estado.

Desde el exterior, el equipo de María Corina Machado —quien salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo tras meses de persecución— intenta mantener viva la exigencia de respeto a la voluntad popular. En su último manifiesto, la dirigencia sostiene que es imperativo que Edmundo González Urrutia asuma de inmediato su mandato constitucional como presidente legítimo. El propio González rompió el silencio este domingo reclamando la liberación de los presos políticos y exigiendo a las Fuerzas Armadas que reconozcan su rol como comandante en jefe, un paso que hasta ahora no ha sido respaldado por el despliegue militar estadounidense.

La contradicción en Caracas es profunda: el sector que demostró haber ganado las elecciones con el recuento de las actas observa cómo la potencia que los apoyó prefiere ahora pactar con la gerencia oficialista para asegurar el control territorial y los intereses estratégicos. Mientras Rodríguez mantiene una fachada beligerante ante las cámaras, en la práctica se perfila como la pieza clave para una transición que prioriza el orden operativo sobre la restauración inmediata de la institucionalidad democrática que González Urrutia representa.

Este escenario plantea un interrogante sobre el costo de la estabilidad. Si la transición se consolida bajo un tutelaje directo entre Washington y el chavismo sin Maduro, el mandato surgido de las urnas el pasado julio corre el riesgo de quedar como un hito simbólico desplazado por la geopolítica de los hechos consumados. La normalización del país parece estarse negociando en términos de seguridad y flujo petrolero, dejando en suspenso la deuda histórica con la soberanía popular venezolana.