El fiscal federal solicitó a la justicia activar el traslado del dirigente venezolano, detenido en Estados Unidos, para que sea indagado en Comodoro Py por delitos de lesa humanidad y un plan sistemático de torturas.
El fiscal federal solicitó a la justicia activar el traslado del dirigente venezolano, detenido en Estados Unidos, para que sea indagado en Comodoro Py por delitos de lesa humanidad y un plan sistemático de torturas.
El fiscal Carlos Stornelli presentó este lunes una solicitud ante el Juzgado Federal N° 2, bajo la titularidad de Sebastián Ramos, para iniciar el procedimiento de extradición activa de Nicolás Maduro Moros. El pedido surge tras la captura del exmandatario en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York, donde ya compareció ante las autoridades de ese país.
La presentación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 adhirió al requerimiento de las querellas representadas por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Apolo.
Stornelli fundamentó la urgencia de la medida en el estado de detención de Maduro, quien cuenta con una orden de captura internacional vigente emitida por los tribunales argentinos desde septiembre de 2024.
La investigación en Buenos Aires se basa en el principio de jurisdicción universal, una herramienta jurídica que permite juzgar crímenes atroces sin importar la nacionalidad de las víctimas o el lugar del hecho.
El expediente comenzó en 2023 tras denuncias de ciudadanos venezolanos refugiados en el país, quienes testimoniaron haber sufrido persecuciones y torturas en centros de detención como El Helicoide.
En su momento, la Cámara Federal porteña validó los informes de las Naciones Unidas que describen ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas al régimen venezolano desde 2014. Por tales motivos, la justicia local determinó que existían pruebas suficientes para convocar a Maduro y a Diosdado Cabello a declaración indagatoria, solicitud que hasta ahora resultaba imposible de ejecutar.
A pesar del pedido de la justicia argentina, el panorama procesal del imputado es complejo. En los Estados Unidos, el exdirigente enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Estas acusaciones, radicadas desde el año 2020, contemplan penas que varían entre los 20 años de prisión y la cadena perpetua.
El trámite de extradición deberá gestionarse ahora mediante los canales diplomáticos de la Cancillería. Sin embargo, la prioridad sobre el detenido la posee actualmente el sistema judicial estadounidense, que ya ha iniciado sus propios procesos de enjuiciamiento en territorio neoyorquino.
Este nuevo escenario judicial plantea un desafío para la diplomacia y el derecho internacional. Si bien el pedido del fiscal Stornelli busca garantizar que los crímenes de lesa humanidad denunciados en Buenos Aires no queden impunes, ¿logrará la justicia argentina que el detenido sea trasladado al país antes de cumplir sus eventuales condenas en el exterior, o la solicitud quedará como un precedente simbólico de la jurisdicción universal?
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