Milei sacrifica su mega-reforma impositiva para salvar la ley laboral

El Gobierno suspendió la reforma tributaria integral ante la resistencia de los gobernadores a ceder fondos. La Casa Rosada ahora prioriza cambios impositivos graduales dentro de la ley laboral, buscando aliviar cargas empresariales sin comprometer el equilibrio fiscal ni el presupuesto.

Javier Milei. Foto NA

La administración nacional ha decidido archivar la idea de una reforma impositiva global para centrar todos sus esfuerzos en la aprobación de la “modernización laboral”. Esta determinación responde a una lectura pragmática del escenario legislativo: la resistencia de los mandatarios provinciales a ceder recursos coparticipables ha vuelto inviable un paquete tributario ambicioso en el corto plazo.

De la reforma integral al cambio escalonado

El Palacio de Hacienda, bajo la conducción de Luis Caputo, ha optado por un esquema de modificaciones graduales supeditadas estrictamente a la evolución del superávit fiscal. En lugar de un gran proyecto único, el Gobierno busca introducir ajustes impositivos específicos dentro de la normativa laboral, enfocándose principalmente en alivios para las empresas. Desde el oficialismo argumentan que no existe margen para una transformación profunda mientras las provincias no acepten recortes en sus propias tasas y el déficit no esté consolidado tras los cambios en el Presupuesto 2026.

El conflicto por los recursos coparticipables

El principal punto de fricción radica en el Impuesto a las Ganancias. El proyecto oficial pretende reducir las alícuotas para las compañías, lo que impactaría de forma directa en la recaudación que se distribuye a las provincias. En un año donde catorce gobernadores se juegan su futuro político y buscan la reelección, la disposición a resignar ingresos es nula. Los jefes provinciales leen el ajuste nacional como una amenaza a su autonomía territorial, especialmente en un contexto donde la Casa Rosada ha utilizado las transferencias discrecionales como herramienta de presión política.

Negociaciones en marcha y agenda pendiente

Mientras la senadora Patricia Bullrich intenta alinear los votos en la Cámara Alta para la segunda mitad de enero, el Ministerio del Interior despliega una agenda de visitas a las provincias para intentar destrabar el conflicto. Como moneda de cambio, algunos gobernadores exigen avanzar con leyes sectoriales, como la reforma a la Ley de Glaciares, que permitiría expandir la actividad minera. Por ahora, el ambicioso tríptico de reformas que planeaba el presidente Javier Milei ha quedado reducido a la supervivencia de la ley laboral, la única iniciativa que conserva chances reales de atravesar el filtro parlamentario en este periodo estival.

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