La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza reuniones estratégicas para finalizar la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso, en medio de resistencias de sus aliados y advertencias técnicas del INE sobre la inviabilidad de las elecciones judiciales concurrentes.
La administración federal inició una etapa determinante para concretar la reforma político-electoral que busca modificar la estructura del Poder Legislativo y el sistema de partidos en México. La presidenta de la Nación, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó este lunes a las 19:00 horas en Palacio Nacional a su gabinete de seguridad y coordinación parlamentaria para revisar los últimos detalles del proyecto que será presentado formalmente a mediados de enero.
A la reunión asistirán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López; el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez; y la consejera jurídica, Esthela Damián. El objetivo central es definir los lineamientos sobre la reducción de legisladores y el recorte a las prerrogativas de los partidos políticos.
Uno de los ejes torales del borrador es la disminución o eliminación de legisladores de representación proporcional (plurinominales). El equipo técnico encabezado por Pablo Gómez analiza diversos escenarios que incluyen desde una Cámara de Diputados de 300 integrantes bajo un sistema de listas abiertas, hasta la supresión de los 32 senadores de lista nacional. No obstante, esta medida genera tensiones internas en la coalición oficialista.
El coordinador Ricardo Monreal admitió que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) mantienen resistencias, ya que su fuerza parlamentaria depende directamente del sistema actual. Un precedente de este conflicto ocurrió en diciembre de 2019, cuando estas mismas fuerzas políticas impidieron una reforma que pretendía recortar el 50% del financiamiento público a los partidos.
Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregará este lunes 241 propuestas consensuadas a la Comisión Presidencial. Las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey señalaron que es operativamente inviable realizar la elección judicial de 2027 de forma concurrente con los comicios federales y locales, debido a la complejidad de instalar casillas dobles y la prohibición de participación partidista en el proceso judicial.
El documento del órgano electoral también plantea la eliminación del secreto ministerial para fortalecer la fiscalización de las campañas. Además, el organismo defiende la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuya desaparición es otra de las prioridades del Ejecutivo para reducir costos operativos del sistema.
Desde la Cámara de Diputados, las dirigencias del PAN y del PRI advirtieron que la reducción del financiamiento público podría incentivar la entrada de recursos ilícitos en las campañas. La presidenta de la mesa directiva, Kenia López, y el coordinador Rubén Moreira calificaron la propuesta como un intento de debilitar la pluralidad democrática.
Las leyes electorales deben quedar aprobadas y publicadas antes de mayo para tener vigencia en el proceso de 2027. Este escenario obliga al Congreso de la Unión a procesar los cambios constitucionales y legales durante el periodo ordinario que inicia el 1 de febrero.
Al cierre de esta edición, queda pendiente definir si la elección de los consejeros del INE se incluirá en la propuesta final mediante voto popular. ¿Es posible reducir el costo de la democracia sin comprometer la equidad en la competencia política y la representación de las minorías?
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