La polémica decisión del Gobierno que paso sin pena ni gloria en medio de las fiestas de asignar 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado bajo carácter reservado. Un movimiento que reaviva los fantasmas del espionaje político en Argentina.
La reciente reestructuración del sistema de inteligencia nacional que llegó mientras el congreso esta fuera de servicio, fue oficializada el 2 de enero de 2026 mediante el Decreto 941/2025 de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado en el Boletín Oficial.
Bajo el manto de las festividades y el ruido de las copas de fin de año, el Gobierno ha decidido devolver a la inteligencia estatal un poder que parecía desterrado. Con la firma de un nuevo DNU, Javier Milei ha oficializado el retorno a las sombras: la central de espías operará ahora bajo un estricto secreto de sumario permanente. El “Señor Cinco” es decir el nuevo Jefe de la SIDE recupera la facultad de llamar a los cuarteles para tareas domésticas y los agentes vuelven a tener poder de arresto, una combinación que organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) califican de “regresiva y peligrosa”.
Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT comparten un diagnóstico unánime: la puerta al espionaje político ha quedado abierta de par en par, sumando en consideración el peligro que representa la falta de control legislativo sobre fondos millonarios en esta etapa de la democracia.
La decisión del presidente Javier Milei de reflotar la histórica SIDE y dotarla de una partida presupuestaria de 100.000 millones de pesos en carácter reservado ha generado una alarma que trasciende las fronteras partidarias, situando al país frente a una paradoja de absoluta opacidad, ya que la contradicción que supone un gobierno que pregona la transparencia y el ajuste del gasto público —el famoso “no hay plata”—, mientras inyecta sumas astronómicas en una estructura que históricamente ha sido utilizada para la persecución política y el espionaje interno. La discrecionalidad con la que se manejarán estos recursos impide auditar si el dinero será destinado efectivamente a la ciberseguridad y el combate al narcotráfico, o si alimentará el armado de trolls y operaciones digitales contra opositores.
La historia reciente demuestra que la existencia de fondos reservados sin auditoría ha sido el combustible de los mayores escándalos de corrupción y manipulación institucional en el país. Al otorgar una “chequera en blanco” al sistema de inteligencia, se corre el riesgo de retroceder hacia un modelo de poder basado en la opacidad, alejándose de las promesas de modernización y transparencia que el propio oficialismo ha esgrimido como bandera.
En definitiva, la reconstrucción de la SIDE bajo estas condiciones obliga a una reflexión sobre el tipo de Estado que se está diseñando. La seguridad de una nación no debería construirse a expensas de la rendición de cuentas, especialmente cuando se le exige a la ciudadanía un sacrificio económico sin precedentes. La batalla que se avecina en el Congreso no será solo técnica, sino un dilema moral sobre si la inteligencia debe ser un servicio al Estado o un instrumento de control al servicio del poder de turno.
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