La comunidad médica y asociaciones de padres han lanzado una convocatoria urgente para realizar un banderazo en defensa del PNCC. La protesta surge como respuesta directa a la reciente desvinculación de especialistas que cumplían roles críticos en la coordinación y auditoría de la red, que conecta a hospitales públicos de todo el país. Según los organizadores, estos despidos no solo afectan la fuente laboral de los profesionales, sino que desmantelan un sistema de derivación y seguimiento que ha logrado reducir drásticamente la mortalidad infantil por malformaciones cardíacas en la última década.
El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas es una política de Estado que garantiza que cualquier niño o niña con una patología cardíaca de nacimiento reciba la cirugía adecuada en el centro de mayor complejidad, sin importar su lugar de residencia. Los manifestantes alertan que, sin el equipo técnico que gestiona los turnos y la logística de traslado de urgencia, se producirá un cuello de botella que podría derivar en demoras fatales. “El corazón de un bebé no puede esperar tiempos burocráticos ni recortes presupuestarios”, reza una de las consignas que circulan en redes sociales.
Desde el sector oficial, la reestructuración se enmarca en el plan de optimización de recursos del Estado, aunque no se ha brindado un detalle técnico sobre cómo se cubrirán las funciones de los especialistas desplazados. Ante esta falta de respuestas, el banderazo busca visibilizar que el programa requiere de una especialización técnica difícil de reemplazar con personal administrativo. Las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte evitable en menores de un año, y el PNCC ha sido históricamente reconocido como un modelo de equidad sanitaria en la región.
La movilización, prevista para las 11:00 horas, contará con la participación de médicos de hospitales de referencia como el Garrahan y el Gutiérrez, además de familiares provenientes de distintas provincias que han sido beneficiarios del sistema. La demanda es clara: la reincorporación inmediata del personal especializado y la garantía de que el programa continuará operando con la misma eficiencia federal que lo ha caracterizado hasta ahora, protegiendo el derecho a la vida de los pacientes más vulnerables.