La Asamblea Nacional reformó la Constitución para retirar la ciudadanía a quienes adopten otra nacionalidad. La medida, que entrará en vigor este año, exceptúa a los centroamericanos y genera incertidumbre sobre el futuro patrimonial de miles de exiliados nicaragüenses.
El Poder Legislativo de Nicaragua, bajo el control del oficialismo, aprobó este martes la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política. Con esta modificación, el Estado establece que la nacionalidad nicaragüense se perderá de forma automática al momento de adquirir una extranjera. El cambio constitucional revierte una garantía vigente desde el año 2000, la cual permitía a los ciudadanos mantener su vínculo legal con el país a pesar de naturalizarse en el exterior.
Durante la sesión legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que la soberanía nacional exige una lealtad exclusiva. El diputado argumentó que la nacionalidad representa un compromiso moral. Según la exposición de motivos, el Ejecutivo busca evitar que la ciudadanía sea instrumentalizada por intereses foráneos que el oficialismo califica como injerencistas.
La nueva redacción del artículo 23 contempla una única excepción para los originarios de países de América Central. Estos ciudadanos podrán optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia. Para el resto de los extranjeros que deseen nacionalizarse en el país, la ley exigirá ahora la renuncia expresa a su ciudadanía de origen.
Ante la inquietud social, Porras aseguró que la reforma no tendrá carácter retroactivo. Esto significa que las personas que ya poseen doble nacionalidad antes de la publicación de la ley en La Gaceta conservarán ambos pasaportes. Sin embargo, juristas independientes señalaron que el principio de irretroactividad fue vulnerado anteriormente, como ocurrió con la Ley No. 1190, que legalizó despojos de nacionalidad.
La pérdida de la ciudadanía conlleva consecuencias legales que los especialistas describen como una “muerte civil”. Al dejar de ser nicaragüenses ante la ley, los afectados perderán el derecho al voto, el acceso a cargos públicos y la vigencia de documentos de identidad.
Además, el ingreso al país quedará sujeto a las autoridades migratorias, quienes podrán tratar a los antiguos nacionales como turistas extranjeros.
El ámbito patrimonial preocupa a la diáspora. Al adquirir estatus de inversionistas extranjeros, los afectados enfrentarán mayores cargas impositivas y dificultades para trámites notariales, ventas de bienes inmuebles o reclamos de herencias. Organismos de derechos humanos advirtieron que esta situación incrementa el riesgo de confiscaciones de propiedades pertenecientes a opositores y migrantes.
La entrada en vigencia de esta reforma afecta a miles de ciudadanos naturalizados en países como España, Estados Unidos y Costa Rica, quienes ahora deberán elegir entre su nueva seguridad migratoria y el vínculo legal con su tierra natal.
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