El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó este jueves ante el Senado el envío del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25. Esta normativa, firmada por el presidente Javier Milei el pasado 31 de diciembre, reconfigura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus competencias en áreas de ciberseguridad y acción penal.
Al haberse efectivizado la remisión sobre el cierre del plazo legal que establece la ley 26.122, se activó el periodo de diez días hábiles para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita un dictamen.
No obstante, la falta de conformación de este cuerpo de trabajo, responsabilidad de las autoridades parlamentarias Martín Menem y Victoria Villarruel, postergaría el debate técnico hasta el mes de febrero.
La estrategia legislativa en puerta
Una vez transcurrido el tiempo asignado a la comisión, el reglamento faculta a las cámaras de Diputados y de Senadores a tratar el decreto de forma directa en el recinto. Para que el DNU pierda validez jurídica, la normativa vigente exige el rechazo por mayoría simple en ambos cuerpos legislativos. De lo contrario, la reforma de inteligencia se mantendrá firme.
En la Cámara de Diputados, el arco opositor ya inició un recuento de votos que arroja, de manera preliminar, un bloque de 122 legisladores dispuestos a votar en contra. Este grupo está integrado por miembros de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y representantes de la izquierda, quienes argumentan que no existe una situación excepcional que justifique evitar el trámite ordinario de una ley.