El Gobierno remitió el decreto que reforma el sistema de inteligencia nacional. Tras agotarse los plazos legales, la oposición buscará rechazar la medida en ambas cámaras durante febrero, cuestionando las nuevas facultades de aprehensión otorgadas a los agentes.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó este jueves ante el Senado el envío del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25. Esta normativa, firmada por el presidente Javier Milei el pasado 31 de diciembre, reconfigura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus competencias en áreas de ciberseguridad y acción penal.
Al haberse efectivizado la remisión sobre el cierre del plazo legal que establece la ley 26.122, se activó el periodo de diez días hábiles para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita un dictamen.
No obstante, la falta de conformación de este cuerpo de trabajo, responsabilidad de las autoridades parlamentarias Martín Menem y Victoria Villarruel, postergaría el debate técnico hasta el mes de febrero.
Una vez transcurrido el tiempo asignado a la comisión, el reglamento faculta a las cámaras de Diputados y de Senadores a tratar el decreto de forma directa en el recinto. Para que el DNU pierda validez jurídica, la normativa vigente exige el rechazo por mayoría simple en ambos cuerpos legislativos. De lo contrario, la reforma de inteligencia se mantendrá firme.
En la Cámara de Diputados, el arco opositor ya inició un recuento de votos que arroja, de manera preliminar, un bloque de 122 legisladores dispuestos a votar en contra. Este grupo está integrado por miembros de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y representantes de la izquierda, quienes argumentan que no existe una situación excepcional que justifique evitar el trámite ordinario de una ley.
El núcleo de la controversia radica en la autorización para que agentes de inteligencia realicen aprehensiones en situaciones de flagrancia. Diversos sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica alertaron que estas atribuciones coercitivas podrían vulnerar principios constitucionales y la división de poderes. Además, cuestionaron la decisión de calificar como “encubiertas” la totalidad de las actividades del organismo.
Paralelamente, el oficialismo confía en el acompañamiento del bloque PRO. Cristian Ritondo, jefe de dicha bancada, calificó los cambios como potencialmente positivos, aunque solicitó conocer los protocolos operativos antes de dar un respaldo definitivo.
En el ámbito judicial, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron recursos de nulidad para frenar la aplicación del decreto mientras dure la feria judicial.
El futuro de la SIDE queda ahora supeditado a la capacidad de la oposición para alcanzar el quórum y coordinar un rechazo unificado. La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo en el uso de herramientas legislativas de excepción.
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