En el primer cónclave estratégico de 2026, el círculo íntimo de Javier Milei debatió las concesiones necesarias para destrabar la ley en el Senado. Mientras el ala política busca asegurar los votos mediante el alivio fiscal a las provincias, los sectores técnicos resisten cambios que alteren el corazón del proyecto de modernización.
El Gobierno nacional puso en marcha su maquinaria parlamentaria para el año legislativo 2026 con un objetivo prioritario: la sanción de la reforma laboral. En una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la mesa política analizó el mapa de apoyos y resistencias que enfrenta el proyecto en el Congreso. El desafío principal radica en convencer a los gobernadores, quienes, aunque comparten la necesidad de actualizar las normas del trabajo, exigen compensaciones por la caída en la recaudación de fondos coparticipables que implicarían algunos artículos de la ley.
La estrategia oficial se divide en dos frentes. Por un lado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich lideran el “ala negociadora”, encargada de articular con los mandatarios provinciales y los bloques dialoguistas. Este sector sostiene que el éxito de la gestión depende de obtener la sanción el próximo 11 de febrero en el Senado, aun si esto implica ceder en puntos específicos del texto o renegociar partidas presupuestarias para las provincias. Bullrich confía en consolidar una base de 40 votos positivos, pero reconoce que el margen de error es mínimo.
En la vereda opuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo mantienen una postura de mayor rigidez técnica. Para el Palacio de Hacienda, cualquier concesión que debilite el impacto fiscal de la reforma podría ser contraproducente para el plan económico general. Sin embargo, en el entorno presidencial admiten que el pragmatismo político ganará terreno en las próximas semanas, especialmente ante la necesidad de mostrar avances legislativos tras el receso veraniego.
El encuentro en la Casa Rosada también sirvió para evaluar el panorama con los sectores peronistas no alineados. El desplante del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien canceló su reunión con Santilli por segunda vez, fue leído como una señal de la dificultad para ampliar la base de apoyo más allá de los socios habituales del PRO y la UCR. Pese a esto, el Gobierno confía en que la presión por la reactivación económica y la necesidad de inversiones forzará a los gobernadores a acompañar una reforma que la administración Milei considera el pilar fundamental para el crecimiento del empleo privado.
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